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Segob y la Procuraduría Agraria intervinieron para buscar una solución al problema de las autoridades de Halachó y ejidatarios de Maxcanú por el uso de un terreno

La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría Agraria intervinieron para buscar una solución al añejo conflicto entre las autoridades municipales de Halachó y ejidatarios de Maxcanú, quienes reclaman el pago de cuotas atrasadas por el uso de un terreno ejidal donde se ubica un pozo que surte de agua potable al primer municipio. 

Fuentes de la Procuraduría Agraria manifestaron que tras una maratónica reunión con el Presidente Municipal de esta localidad y con la presencia de representantes del ejido de Maxcanú y la propia Secretaría de Gobernación para dirimir el problema, el Munícipe ofreció una renta mensual de 16 mil pesos, pero no ofreció algún acuerdo para pagar los años atrasados, ya que según dijo “heredó el problema de la administración pasada”, pues la concesión para el uso del terreno venció en el 2019.

Por su parte, los campesinos de Maxcanú manifestaron que la oferta del Primer Edil será planteada ante la Asamblea Ejidal, aunque no se mostraron optimistas, pues, según dijeron, es muy probable que no se acepte, pues ya llevan 16 años perdiendo litigios agrarios y los dirigentes se muestran muy renuentes y quieren un arreglo definitivo.

Advirtieron que en caso de que el alcalde Castillo Huchim no llegue a un acuerdo con el ejido sobre el pago de cuotas atrasadas por el uso de un pozo, no permitirán que se haga uso de la bomba, por lo cual Halachó se quedaría sin agua potable. 

Durante la reunión, las autoridades federales les advirtieron que el acceso al agua es un derecho plasmado en la Constitución y que el usufructo de esta son de competencia federal; por lo que se insistió en llegar a un diálogo constructivo.

En la mesa de discusión que se instaló en la Procuraduría Agraria, los representantes de la Secretaría de Gobernación explicaron a ambas partes de que existen otras vías de solución como la expropiación de la tierra y el amparo; sin embargo, los ejidatarios optaron por retirarse ante la negación de Castillo Huchím de una mejor oferta.

Según trascendió, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría Agraria seguirán buscando los cauces en el ámbito de sus competencias para que ambas partes lleguen a un arreglo satisfactorio.

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NM