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La población enfrenta problemas de escasez de agua a causa de la negligencia del alcalde Rodolfo Castillo Huchim por no llegar a un arreglo con los ejidatarios de Maxcanú, en cuyos terrenos se encuentra un pozo que surte el líquido al municipio.
Debido a la necedad del Primer Edil, quien en un principio se negó a reunirse con los parcelarios del pueblo vecino hasta que intervino la Procuraduría Agraria, en noviembre del año pasado, campesinos del Comisariado Ejidal de Maxcanú tomaron las instalaciones de la fosa y bomba de extracción que surte del producto a los habitantes, dado que se encuentran en su propiedad.
La determinación de cerrar el acceso fue acordada el 26 de noviembre del 2023 en una asamblea. En esa ocasión, decidieron no liberar las instalaciones hasta resolver el conflicto con el Ayuntamiento, “toda vez que se han hecho reuniones de conciliación sin lograr un arreglo con la autoridad municipal”.
Si bien la distribución del líquido data de hace más de 50 años y a pesar de que desde 2015 los hombres de campo de Maxcanú solicitaron a la Comuna información sobre el acuerdo mediante el cual le suministran agua al pueblo, Castillo Huchim ha alegado que desconoce el asunto.
Se ha constatado que el Alcalde está enterado de la situación, puesto que ha ocupado la Presidencia Municipal en varios lapsos, primero de 2004 a 2007, después fue reelecto para los períodos del 2010 al 2012, 2018 al 2021 y del 2021 al 2024. Además, cuando fue enviada la carta, la alcaldesa de Halachó era su cuñada, María Cecilia Abraham Hoyos, quien por cierto es abanderada por el Partido Acción Nacional (PAN) para volver a tomar el cargo. Asimismo, la expresidenta Rosario Abraham Hoyos (1991-1993) también es cuñada de Castillo Huchim.
No conforme con decir que no está al tanto del problema, el Primer Edil ha difundido a través de las redes sociales la versión de que los ejidatarios quieren robarle a la localidad y han dañado las instalaciones del pozo y la bomba de extracción, esto con la aparente intención de enfrentar a los ciudadanos contra los oriundos de Maxcanú. POR ESTO!, pudo comprobar que tal información es falsa, pues en el sitio se corroboró que dicho espacio no ha sido perjudicado por los campesinos.
El interés de los parcelarios de Maxcanú por conocer el vínculo legal sobre el agua potable que envían a Halachó data del 4 de enero de 2015, cuando le fue enviada una solicitud a la entonces presidenta municipal, María Cecilia Abraham Hoyos (cuñada del actual Alcalde)-, en la que se le pedía información acerca de si el ejido de Maxcanú tiene un convenio con el pueblo de Halachó y si implica el cobro de cantidad alguna por concepto de renta, así como datos sobre el servicio de abastecimiento a los habitantes.
En respuesta, la autoridad dijo desconocer los tratos y señaló que no duda que no se haya realizado algún pacto con el ejido, además de no contar con documentación referente a tal convenio y las decisiones tomadas.
El 6 de septiembre del 2020, el ejido de Maxcanú comunicó al presidente Rodolfo Castillo Huchim que se formaría una comitiva para tratar “un asunto relacionado con la planta del agua potable que surte al municipio de Halachó” y los temas expuestos serían: “El pago del líquido que sustraen del núcleo ejidal, acuerdos o contratos que hayan tenido con el grupo de Maxcanú y propuestas para dar una pronta solución”.
El Alcalde se negó a contestar, por lo que los campesinos le enviaron tres solicitudes más de diálogo -fechadas el 23 de septiembre de ese mismo año, el 23 de abril del 2022 y el 4 de marzo del 2023-, mismas que tampoco recibieron respuesta, por lo que el 16 de marzo de 2023 los afectados pidieron la intervención de la Procuraduría Agraria.
La dependencia requirió al director general del Organismo de la Cuenca de la Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Ignacio Mendicuti Priego, una copia simple del expediente físico, con el cual se dio trámite al título de concesión 6YUC102380/32HMGE94, registrado el 4 de marzo de 1996, por parte del núcleo agrario de la superficie que ocupa la instalación de la bomba de agua potable.
El 28 de noviembre se llevó a cabo una minuta de trabajo entre los hombres de campo y autoridades federales, en la que el representante de la Delegación de la Secretaría de Gobernación, Juan Cristóbal Orozco Alonso, declaró que la preocupación de los perjudicados es legítima, pero se busca evitar que la cuestión se agrave, porque afectaría el derecho al agua de los vecinos de Halachó.
Por fin, al día siguiente se efectuó la mesa de diálogo con la presencia de los representantes del Ejido, la Procuraduría Agraria, el Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm), la Secretaría de Gobernación de México y se agregaron el ingeniero Jorge Pinzón Mejía, de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado (Japay), y el munícipe Rodolfo Castillo Huchim.
De acuerdo con el documento, el Presidente de Halachó manifestó que las instalaciones del agua no son recientes y no se había construido algo nuevo durante su administración, además de que el cobro del servicio implica un gasto para el Ayuntamiento.
En la reunión, el ingeniero de la Japay señaló porque el recurso de Maxcanú sí es apto para el consumo humano y el de Halachó no, siendo esta la explicación de que la bomba se ubica donde está hasta la actualidad.
Cuando los ejidatarios manifestaron su intención de solicitar una indemnización por la superficie que ocupan las instalaciones, correspondiente a un millón de pesos por los 50 años de servicio, Castillo Huchim propuso pagar 16 mil pesos mensuales a partir de la firma de un convenio. Asimismo, sugirió la regularización de las tierras a favor de la Comuna de Halachó y ofreció la cantidad de 200 mil pesos.
Los parcelarios expusieron su inconformidad con el hecho de desincorporar terrenos del ejido y reiteraron que la reparación del daño sería tomada en cuenta desde 2015; sin embargo, acordaron comunicar la propuesta presentada a los demás campesinos.
El ejido de Maxcanú se conforma por 2 mil 241 integrantes. Emilio Cauich Aké es el comisario actual, quien estará en el cargo hasta el 2025. El líder manifestó que la cifra ofrecida es insuficiente y, dada la gran cantidad de miembros que conforman el colectivo, les tocaría una mínima cantidad del recurso a cada uno, por lo que no sería una alternativa justa.
Una de las posibles reparaciones señaladas entre los ejidatarios apunta la donación de un tractor por parte del Gobierno del Estado de Yucatán, a fin de trabajar hectáreas mecanizables, es decir, extensiones de tierra con reducidas cantidades de piedra o laja, lo que permite que sean óptimas para la siembra y el cultivo.
A la concesión del vehículo se agregaría un pago único de 600 mil pesos por parte del Ayuntamiento de Halachó, lo que la convierte en una opción viable para resolver el problema.
En una charla con POR ESTO!, los parcelarios, Manuel Rodríguez Franco y Felipe Santiago, ambos miembros del ejido de Maxcanú y que a la fecha ocupan físicamente las instalaciones, mostraron que las tuberías se encuentran oxidadas y obsoletas. Igualmente, se comprobó que los candados del sitio no han sido vulnerados y el espacio se mantiene aseado y deshierbado, contrario a lo que Rodolfo Castillo ha dicho por medio de las redes sociales.
La negligencia del Primer edil de Halachó llegó al extremo de emprender la construcción de múltiples pozos en los domicilios de los pobladores. En la cabecera, puede observarse la excavación de fosas en las puertas de las casas, debido a que la maquinaria pesada no puede ingresar a los patios para laborar.
De acuerdo con un estudio del Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el agua de los municipios de Maxcanú y Halachó presentan mayor concentración de cloruros en el contenido de las fosas de los sistemas de abastecimiento, así como una riesgosa contaminación.
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NM
