Desde febrero del 2017, organizaciones civiles en defensa de los derechos de las mujeres solicitaron a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Canavim) la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM) para el Estado de Campeche, mecanismo de protección para garantizar el cese de violencia en su contra, así como eliminar desigualdades producidas por una legislación o políticas públicas que las agravian.
La solicitud de declaratoria derivó en la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para evaluar la situación existente en la Entidad, generando un reporte con recomendaciones que fueron aceptadas y firmadas por el propio Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, comprometiéndose a cumplirlas desde junio del año pasado; sin embargo, pese a que las autoridades estatales contaban con seis meses para solventar las observaciones, a más de un año el procedimiento quedó en el limbo sin que se informen los avances en la materia, ni se deseche o se declare la Alerta de Violencia de Género.
Mientras tanto, en la última semana tres presuntos feminicidios que la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Juan Manuel Herrera Campos, ha insistido en tipificar como “accidentes” o “suicidios”, han vuelto poner en tela de juicio el actuar del Gobierno de Alejandro Moreno, por NO estar cumpliendo con protocolos y las recomendaciones expuestas en el reporte del 2017.
Incumplimiento
Cabe destacar que el reporte elaborado el año pasado excluía al municipio del Carmen, pese a que, de acuerdo con cifras de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), entre el 2010 y el 2017 se registraron 34 feminicidios, 13 de los cuales ocurrieron en Carmen, cinco en Campeche, cinco en Champotón, cuatro en Candelaria, tres en Escárcega, tres en Hopelchén y uno en Hecelchakán.
Esto debido a que la solicitud de Alerta de Violencia de Género iba encaminada a visibilizar lo que enfrentan las mujeres de comunidades indígenas en municipios predominantemente rurales; sin embargo, el grupo de trabajo interinstitucional que contó entre sus integrantes con la priísta Dulce María Cervera Cetina, sólo se refirió en una de sus 11 recomendaciones a las problemáticas de las mujeres indígenas.
Aun así, el reporte reveló una realidad maquillada por las autoridades estatales en municipios como Champotón, Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Holpechén, en donde las mujeres indígenas que sufrieron algún tipo de violencia sólo el 16 por ciento denunció el hecho, mientras que el 62 por ciento decidió dejarlo pasar como algo cotidiano del hogar.
Asimismo, destacó 2 mil 268 denuncias por violencia familiar en el mismo periodo del 2010 al 2017; mil 883 denuncias por delitos sexuales, como abuso y violación; 42 homicidios de mujeres, pero no todos tipificados como feminicidio, y 773 denuncias de mujeres desaparecidas.
Entre las recomendaciones hechas al Gobierno campechano estaban la creación del Banco Estatal de datos e información de casos de violencia contras mujeres, debido a vacíos de información y contradicciones en los datos sobre violencia en la Entidad; además de capacitar para que la FGE y los Ministerios Públicos mantengan el correcto registro de las víctimas, las medidas de asistencia, atención y reparación de daños a las víctimas.
No obstante, en ambos aspectos las autoridades ministeriales han demostrado ser omisas, por pretender tipificar presuntos feminicidios, como los de Ludy Noemí S.S., en Atasta; María B.G., en la Isla, y Maribel H., en la capital campechana, como delitos de otra índole, lo que contraviene la intención de mantener un correcto registro de las víctimas de violencia de género que refleje la dolorosa realidad que enfrentan las mujeres.
“Alito” calla
A poco más de un mes para que finalice el 2018, la Conavim no ha emitido el dictamen respectivo a la Alerta de Violencia de Género para Campeche, debido a que las recomendaciones no han tenido respuesta por parte de la administración de Alejandro Moreno Cárdenas, quien se ha quedado callado en el tema, pese a que firmó de puño y letra el compromiso de cumplir las observaciones.
Mientras que Estados como Yucatán emitieron, desde mediados de año, sus conclusiones, Campeche sigue incumpliendo en garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres, fomentando la cifra negra y la impunidad desde sus propios órganos de justicia, los cuales minimizan crímenes de alto impacto, como el feminicidio.
(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: POR ESTO! / Especial)