En entrevista vía telefónica, la coordinadora del área de Derechos Humanos del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, Liliana Lomelí, consideró que en los recientes casos de feminicidio ocurridos en el municipio de Carmen existe una clara revictimización por parte de las autoridades ministeriales en contra de los familiares de las víctimas, pues pese a que los Ministerios Públicos están obligados a seguir protocolos de investigación de feminicidios siempre que haya muertes violentas de mujeres, la patente indignación de las familias indica que NO se está llevando a cabo el seguimiento de los casos desde una perspectiva de atención a las víctimas, ni de Derechos Humanos, al no tomárseles en cuenta ni procurarles atención especializada, así como negarles información de primera mano.
Liliana Lomelí explicó que esto no es un hecho aislado, sino una constante en los casos que se han presentado en la Entidad, ya que son las autoridades las responsables no sólo de investigar, sino de prevenir que no se sigan presentando este tipo de hechos delictivos, y al fallar en este aspecto se convierten también en responsables de la violencia que ha incrementado.
Además, como parte del monitoreo de la violencia feminicida que realizan en el Estado, han observado que la violencia va en incremento, algo que se ve más allá de las cifras en las que se registran las omisiones que ha tenido el Estado para investigar y sancionar este tipo de delitos.
“En la gran mayoría de los casos, el Estado se vuelve también un agresor hacia las víctimas y hacia las familias, porque no investiga, porque no sanciona, porque no repara los daños de las mujeres que hayan sufrido alguna tentativa de feminicidio o mujeres que hayan sido asesinadas, el caso no termina con las investigaciones, hay que hablar de un tema de reparación con las familias”, expresó.
“En este panorama, lo que se observa en el Estado es que existen varias preocupaciones en relación a cuál ha sido el actuar de las autoridades para prevenir este tipo de hechos, y el actuar de las autoridades está siendo revictimizante para las víctimas directas y para las víctimas indirectas, que son los familiares”, expresó.
“Si bien es cierto nuestro Estado está cumpliendo con un mandato nacional derivado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que les señala a partir de una sentencia que toda muerte violenta de mujeres tendrá que ser investigada como feminicidio, las autoridades señalan que sí están activando los protocolos de investigación del delito; sin embargo, algo ocurre en los procesos que no se logra tipificar como tal el delito y se califica de alguna otra forma”.
“Esto es preocupante, porque entonces la violencia feminicida está quedando impune en el Estado, en Carmen en los últimos sucesos se dio un manejo de suicidio, quizá no específicamente por parte de la autoridad, pero el trato que se les está dando a los asesinatos de mujeres, por lo menos en estos casos, ha sido señalando que fueron suicidios; las víctimas indirectas, las familias, han salido a exigir que se les tome en cuenta y vemos que no existe una respuesta institucional en este sentido”, ahondó.
Familias son ignoradas
La especialista precisó respecto a las declaraciones del Fiscal General Juan Manuel Herrara Campos, quien debió salir a dar explicaciones, pero sin tomar en cuenta a los familiares de Ludy Noemí, asesinada en San Antonio Cárdenas, en Atasta.
“Las familias siempre tienen que tener información de primera mano, tienen que estar acompañadas por el Estado, por las autoridades, estar informadas de cómo va el proceso de investigación, porque si no esto va a significar claramente un hecho revicitmizante, el actuar de las autoridades ha sido ser herméticas, no dan información, no atienden con perspectiva de víctimas ni de Derechos Humanos a los familiares”, dijo.
“Hay que tomar en consideración que sin lugar a duda el proceso de investigación de un caso deberá tener cierta secrecía, cierto cuidado al momento de que se están manejando las investigaciones, de eso no hay duda alguna, en eso coincidimos con el Fiscal cuando está señalando que hay investigaciones y que esas investigaciones tienen que mantenerse como limitada o hermética la información, pero esto es para la opinión pública, el problema aquí es que en esta construcción tan hermética meten en una misma categoría a la familia, y la familia no es opinión pública, no es sociedad en general, las familias son las víctimas indirectas, si bien las autoridades no tendrán que señalar públicamente detalles de la investigación, sí tienen que informar de primera mano y en todo momento a los familiares, y tienen que reconocer que las familias son las principales interesados, lo que claramente no está sucediendo”.
“Uno de sus derechos es conocer todo el proceso de sus casos, participar en ese proceso, que de una u otra forma se les dé información de primera mano, si no lo están cumpliendo, están revictimizando, y también generan que al haber desinformación se empiecen a construir historias paralelas que pueden ser perjudiciales para la misma investigación, que se empiece a especular respecto al hecho, pero la especulación de los hechos claramente siempre va a ser responsabilidad del Estado, que debe garantizar atención psicológica y asesoría jurídica integral la atención a las víctimas y sus familias, tiene que ser integral, si no están cumpliendo esto, obviamente va a complejizar el acceso a la justicia”.
“El que un familiar se esté manifestando, el que esté exigiendo justicia, incluso esté generando sus propias investigaciones, es porque hay una deficiencia de parte de las autoridades, nos está señalando que no está habiendo un trato digno para ellos y el Estado se vuelve un actor de la violencia”, finalizó.
(Texto: Carlos Valdemar /
Fotos: POR ESTO!)