CAMPECHE, Cam., 7 de diciembre.- La familia Méndez Saravia, cuyas cabezas visibles son Ramón Méndez Lanz, actual presidente del Poder Legislativo del Estado, y la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Cindy Saravia López, fue puesta en el ojo del huracán político, tras las afirmaciones de la legisladora panista Nelly Márquez Zapata, quien los acusa de saquear las arcas del Congreso del Estado.
El enfrentamiento, que tendría origen en un presunto escamoteo de recursos que pertenecen al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), expuso un posible desvío de recursos hacia una empresa “fantasma”, boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la que podría tener participación Justo Saravia Suárez, suegro del presidente del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, y padre de la actual rectora de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), Cindy Saravia López.
En la acusación de la panista, se sugiere que Saravia Suárez, representante del Frente Campechano en Movimiento (FCM), única Asociación Política Estatal reconocida y financiada por el Instituto Estatal Electoral (IEEC), está vinculada o relacionada con Comercializadora y Edificadora del Puerto de Campeche, S.A. de C.V., a la que el Congreso del Estado le habría pagado hasta un millón de pesos por servicios inexistentes.
Respecto a la asociación política de uso exclusivo de la familia Méndez-Saravia, puede decirse que existe un historial público que comprueba que desde el 2012 ha sido subvencionada con recursos públicos, principalmente por el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC).
El nombre de Sarabia Suárez, militante distinguido del Partido Revolucionario Institucional (PRI), resurgió a raíz de que la diputada Nelly Márquez Zapata denunciara que el Congreso del Estado, durante la pasada Legislatura, realizó pagos por servicios inexistentes a Comercializadora y Edificadora Puerto de Campeche, misma que tiene el mismo domicilio que en alguna ocasión ocupara la asociación política que representa Saravia Suárez.
El 4 de diciembre, al hacer uso de la tribuna del Congreso del Estado, la diputada del PAN Nelly Márquez Zapata denunció el presunto desvío del presupuesto del Congreso del Estado a favor de una empresa “fantasma” boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): Comercializadora y Edificadora del Puerto de Campeche S.A. de C.V.
La empresa habría cobrado al Congreso del Estado servicios que nunca fueron dados y que fueron justificados en el gasto de la anterior Legislatura como estudios, evaluaciones y diagnóstico de fuentes generadoras de energía e, incluso, desayunos y hasta fumigaciones para el control de plagas y renta de autobuses, así como vehículos para el traslado de diputados.
La legisladora panista ventiló en esa ocasión que la empresa en cuestión “suministró” al Congreso “desde estudios, evaluaciones y diagnóstico de fuentes generadoras de energía hasta desayunos, pasando por fumigaciones y control de plagas y renta de autobuses y vehículos para traslados de diputados”.
Dosificando el castigo
Durante la siguiente sesión legislativa, la número XX, la diputada Márquez Zapata ahondó más en el tema de la empresa Comercializadora y Edificadora del Puerto de Campeche, S.A. de C.V., misma que –ha asegurado- fue boletinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a sus diversos incumplimientos.
Entonces, la legisladora también reveló que el domicilio de Comercializadora y Edificadora del Puerto de Campeche S.A. de C.V., era precisamente la que en algún momento tuvo la Asociación Política Estatal Campechanos en Movimiento, que representa Justo Saravia Suárez, suegro del presidente DE LA Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, y que ahora ocupa el Centro Cultural “El Brazo Fuerte”.
El que calla otorga
El jueves 6 de diciembre, al ser entrevistado sobre el caso, el legislador Ramón Méndez Lanz declaró que para él, el tema de Comercializadora y Edificadora del Puerto de Campeche S.A. de C.V., es un asunto que ha sido zanjado y dejó entrever que no tiene intención de responder a las acusaciones de la diputada.
Por su parte, la legisladora hasta el momento únicamente se ha limitado a declarar que seguirá ahondando sobre el caso, pero no ha manifestado intención alguna de realizar denuncia ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, la Secretaría de la Contraloría, Fiscalía General del Estado de Campeche o que solicitará algún informe al respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que también ha levantado suspicacias.
Institución ávida de recursos
El caso también vuelve a colocar en un peligroso escenario político a la familia Méndez–Saravia, misma que abiertamente ha usado el denominado Frente Campechano en Movimiento para promoverse políticamente.
De antemano, el Frente Campechano en Movimiento siempre ha sido identificado como un apéndice del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero para el uso exclusivo del clan Méndez-Saravia, y es la única Asociación Política Nacional que recibe financiamiento público para sus operaciones.
(Joaquín Vargas)