Los recientes problemas financieros de la Universidad Autónoma de Carmen (Unacar) para efectuar el pago de la primera quincena del año de sus trabajadores, resueltos momentáneamente al ocupar los ahorros del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, se suman a una larga de lista de “descuidos”, omisiones y acciones perpetradas por las mismas autoridades universitarias contra el patrimonio de la institución, que parecen encaminadas a un proyecto entreguista y centralizador de mayores dimensiones, desaparecer la Unacar para volverla una simple sucursal de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).
La ambición centralista estaría impulsada por el propio mandatario estatal Alejandro Moreno Cárdenas, quien en los tres años que van de su desgobierno ha demostrado un desprecio hacia las tierras carmelitas, dilapidando el presupuesto de la Entidad en su feudo amurallado con obras de infraestructura faraónicas e innecesarias, mientras que en la Isla del Carmen no se ha concluido ninguno de sus proyectos y otros ni siquiera han empezado; el más emblemático de los agravios es el nuevo Puente de La Unidad, cuya conclusión se ha postergado ya más de un sexenio, mientras que el antiguo viaducto es un riesgo latente.
No obstante, la ‘cereza del pastel’, y la ambición desde hace varios años no sólo de “Alito” sino también de sus antecesores, es el unificar las dos principales instituciones de educación superior que existen en el Estado, la UAC y la Unacar, pero sometiendo a esta última de forma que pierda su identidad y su historia, y pase a formar parte del mismo sistema universitario controlado –presupuesto incluido-, desde San Francisco de Campeche.
El freno hasta hace algunas décadas habían sido los rectores carmelitas que valientemente hicieron frente a distintos Gobernadores, exigiendo respeto a su autonomía y principalmente a la administración de sus propios recursos, de tal manera que no fueran “jineteados” desde la capital; sin embargo, el panorama cambió para mal con recientes autoridades de la Máxima Casa de Estudios que permitieron no sólo malos manejos, también apostaron el presupuesto a campañas políticas que resultaron no redituables. El objetivo, postrar financieramente a la institución hasta lograr un simulado rescate desde Campeche, a través de la UAC.
Desinterés en
defensa legal
Algunas de las pistas de la estrategia para socavar financieramente a la Unacar pueden encontrarse en los diversos litigios legales en los que se observa un pleno desinterés por la defensa de los intereses de la institución; especialistas en procesos laborales apuntan a que los representantes de la universidad han permitido que las querellas se extiendan hasta convertirse en embargos millonarios de sus cuentas, incluida en una ocasión la de su presupuesto federal, tema delicado que poco ha trascendido y sobre el que afirman existen investigaciones actualmente, además del embargo de predios que ha estado a punto de perder la universidad.
Tan solo durante el 2017, al menos ocho cuentas bancarias de la Unacar fueron embargadas por diversos pleitos laborales, lo que llevó incluso en el segundo semestre de ese año a realizar el cobro de inscripciones en ventanillas y no vía depósito. Esto habría repercutido posteriormente al embargo de la cuenta bancaria de carácter federal a través de la cual recibe su presupuesto.
Un abogado laboral consultado indicó que los representantes debieron desplazarse a Campeche y a la Ciudad de México para dar explicaciones, “sí hay un desinterés, hasta yo mismo me sorprendo cuando de Villahermosa vienen y embargan, yo me he llevado dos, tres, hasta cuatro años en algunos juicios, y hay algunos que tienen un año y ya están embargando, ahí está muy sospechoso, ya se ve una colusión”.
La fuente relató que la mayoría de estos casos se tratan de despidos injustificados que podrían solucionarse mediante la conciliación y el pago de liquidaciones correspondientes, pero tal parece que sistemáticamente se permite que el litigio crezca hasta afectar financieramente a la universidad.
Jubilaciones,
la caja chica
El reciente conflicto fue sorteado momentáneamente por el rector José Antonio Ruz Hernández, quien mediante un comunicado afirmó que la institución no se encuentra en bancarrota, pero que al no haber recibido aún los recursos federales se vio en la necesidad de tomar un fondo de contingencias para cubrir el pago de más de mil 800 trabajadores que componen la plantilla de sindicalizados y de confianza.
Cerca de 65 millones de pesos se requirieron para cubrir la primera nómina del año, lo que habría sido tomado “prestado” del maltrecho Fondo de Jubilaciones y Pensiones, al que se le desfalcó más de la mitad de lo acumulado quedando aproximadamente 30 millones de reserva, que trascendió ya ha sido ocupado en otras ocasiones para los mismos fines.
Medios locales apuntan lo señalado al respecto por el secretario de Educación del Estado, Ricardo Medina Farfán, quien admitió que aún no se ha firmado el convenio de colaboración anual por lo que todavía no se cuenta con los recursos federales aunque sí están garantizados, ya que normalmente llegan entre enero y febrero; aunque el funcionario dejó entrever que no se tomaron las previsiones necesarias por parte de la Unacar ante una situación que ocurre cada año, lo que sólo abona a las sospechas de una premeditada debilidad financiera de la Unacar, ya que no es la primera vez que se echa mano de los fondos de jubilaciones.
De Aguascalientes
a la ‘Estafa Maestra’
Cabe destacar que de acuerdo con solicitudes de información realizadas ante la Auditoría Superior del Estado (Asecam), las prácticas irregulares no cesaron con la caída del ex rector Sergio Augusto López Peña, implicado en el llamado ‘Caso Aguascalientes’, pues desde septiembre del 2013, cuando José Antonio Ruz Hernández fue impuesto precisamente desde la capital del Estado, las observaciones han continuado en diversos aspectos.
Desde sueldos onerosos más allá de lo estipulado en el tabulador del Presupuesto de Egresos del Estado de varios años -principalmente para la alta burocracia que acompaña a Ruz Hernández y para él mismo-, hasta convenios desfavorables a la institución en la enajenación de inmuebles como el estadio, así como en contratos de servicios y obras no transparentados ante el Comité Universitario, o bien asignados sin licitaciones previas, así como irregularidades en el pago del ISR, todo ello ha sido puesto bajo la lupa por el ente fiscalizador en el Estado durante el actual rectorado.
Del ‘Caso Aguascalientes’ a las implicaciones en la ‘Estafa Maestra’, ambos rectores López Peña y Ruz Hernández han permitido que la Universidad Autónoma del Carmen se vea manchada en su reputación y, peor aún, socavada en su capacidad financiera, dejándola postrada ante la ambición latente e histórica de someterla a la UAC capitalina.
(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: POR ESTO!)