Campeche

Demostrando su oportunismo, el alcalde Espurio Oscar Rosas González presumió como propia ante un medio televisivo nacional la obra de la Playa Inclusiva de El Guanal, esto a través de la presidenta del Sistema DIF municipal, Viridiana Suárez de Rosas, adjudicándose el crédito.

Sin embargo, la obra que ha sido señalada por pretender privatizar el espacio recreativo que por años formó parte de un proyecto comunitario y ecológico, NO fue realizado con recursos de la administración municipal, y ni siquiera estatales.

De acuerdo con la licitación pública LA-904047981-E4-2018, la playa inclusiva de El Guanal se llevó a cabo con recursos federales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), a través del Ramo 12 de Salud.

Los recursos fueron transferidos a las autoridades estatales mediante la firma de un convenio, pero NO fueron administrados por la Comuna carmelita sino por al DIF Estatal en colaboración con la Administración Portuaria Integral (API) del Estado.

La licitación detalla que se trata del “Proyecto de Equipamiento para la implementación de Playa Inclusiva en Ciudad del Carmen, Campeche”, de carácter nacional y cuyo fallo debió darse el 27 de septiembre del 2018, tres días antes de que siquiera iniciara el ilegítimo Gobierno de Rosas González; y fue convocada por el DIF Estatal.

Opacidad y corrupción

No obstante, llama la atención en el proyecto que tanto ha enarbolado el espurio Alcalde como propio, el tufo a opacidad y sospechas de corrupción dejadas por las autoridades estatales, pues pese a la existencia de la licitación pública nacional para la adquisición de equipamiento especializado para personas con discapacidad, el fallo fue decretado “desierto”, pero no se lanzó una segunda convocatoria como lo determina la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino que se aprovechó un resquicio legal para la adjudicación directa a un proveedor no declarado.

La licitación apunta en su Anexo “A”, Catálogo de Conceptos, que se requirieron seis partidas que corresponden a la adquisición de cinco sillas anfibias; siete andaderas anfibias con asiento y asas ajustables; 100 pasarelas para playa “Tzalam” de 1.5 metros de ancho por 1 metro de largo; 54 unidades de piso táctil de ferrocemento; ocho señaléticas de madera y aluminio; así como un letrero para la promoción de la Contraloría Social.

En ese sentido, cinco participantes se registraron a la convocatoria, Daniel Amaya Loya; Edificamas S.A. de C.V.; Grupo Comercial Inmogro S.A de C.V.; Servicios Turísticos y Arquitectónicos Accesibles Adapta S. de R.L. de C.V. y TAQ Sistemas Médicos.

Aunque de ellas sólo Servicios Turísticos y Arquitectónicos Adapta cumplió con la correcta presentación de su propuesta, cuyo monto ascendió a un millón 145 mil 862 pesos, tal como se indica en el Acta de Apertura de Propuestas.

La propuesta fue rechazada en el acta correspondiente al fallo, desechando la propuesta técnica-económica presentada por el único proveedor que pasó a esa etapa por “rebasar el techo presupuestal asignado para este procedimiento”, y al no tener más propuestas que evaluar se declaró desierto el concurso.

Pero finalmente la adquisición se llevó a cabo, sin haber presentado una segunda convocatoria como lo establece la Ley de Adquisiciones, aprovechando el resquicio legal de su artículo 41 se efectuó una adjudicación directa sin indicar a quién se realizó la compra ni el monto que se pagó por el equipamiento de la playa inclusiva.

(Texto: Carlos Valdemar / Fotos: Carlos Valdemar / Especial)