Intocable Cartel Constructor

Basta hacer un viaje de Campeche hacia la capital yucateca o de la marginal capital petrolera del país: Ciudad del Carmen hacia Villahermosa, Tabasco, para darnos cuenta de que algo anda mal: la apariencia de los caminos es distinto y el material con que están hechas las vialidades de uno y otro lado evidentemente no es de la misma calidad. El trabajo hecho del lado campechano es de inferior calidad.

En Campeche, el dinero que la Federación ha destinado para ampliar, modernizar y dar mantenimiento a la red de caminos ha sido sistemáticamente desviado para acrecentar el patrimonio de un puñado de familias ligadas con el poder en turno, que opera como un poderoso grupo delictivo al que muchos no han dudado llamar “El Cartel Constructor”, que vislumbró un especial auge con el arribo al poder de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy ex gobernador del Estado acusado de enriquecimiento ilícito.

Por décadas, los responsables de hacer las obras de mantenimiento y modernización carreteros en Campeche han sido prácticamente las mismas empresas o mejor dicho las mismas familias. Estas están plenamente identificadas y precisamente son las que han visto incrementado exponencialmente su patrimonio, gracias al perenne vínculo que crearon con el Gobierno.

Hoy, estando en marcha un gobierno que se ha propuesto transformar al país y acabar con la corrupción, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, ha prometido que “no habrá en esta administración, y esperamos que ya nunca más, constructoras favoritas del Presidente, ni del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ni de nadie”.

Lo anterior expuesto lo dijo Jiménez Espriú al comparecer el 10 de abril del presente año ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Senadores, soberanía ante la cual el funcionario también se comprometió a que ya no se aceptarán recomendaciones a la hora de elegir empresas, pues se analizará la de mejor oferta en calidad, precio y cumplimiento.

En el caso campechano, desde siempre se ha sabido quiénes son los responsables de que el Estado esté identificado entre las entidades federativas que poseen tramos carreteros (Libramiento Campeche a Tenabo; Edzná a Seybaplaya; Tenabo a Pomuch; Seybaplaya a Playa Bonita; Champotón a Edzná; Libramiento de Campeche; Sabancuy a Francisco Escárcega; Candelaria a Reforma; límites del estado de Tabasco a Nuevo Progreso) considerados como riesgosos para el tránsito de pasajeros y carga, a pesar de que su aforo vehicular es relativamente bajo:

Constructores Unidos S.A. de C.V., Construcciones y Conservaciones Xpujl S.A. de C.V., Grupo Constructor Patterson, Construcciones y Conservaciones Calakmul, S.A. de C.V., Constructora Gordillo S.A. de C.V. y además asociados, son las empresas que por décadas han tenido secuestradas las obras camineras federales y estatales, lo cual ocurría gracias a que el gobernador en turno era quien elegía al director del Centro SCT local y entre ambos elegían a las empresas que habrían de beneficiarse con la asignación de contratos de obra.

Y las demás constructoras, ¿Qué?

POR ESTO! ha expuesto en su páginas los últimos casos de desvíos de recursos en obras carreteras realizadas con recursos de la Federación, casos en los que los involucrados son precisamente las constructoras mencionadas. En forma subterránea, algunos interesados en el tema -desde luego, constructores- han filtrado sus versiones sobre el caso, pero extrañamente se han negado a exponer abiertamente su inconformidad, esperando que sean otros los que hagan el trabajo.

De la existencia de irregularidades en las obras: Ampliación y Modernización del Camino Alimentador Chiná-E.C., Carretera Ciudad del Carmen –Campeche, Tramo Champotón –Villamadero, Ampliación Carretera Costera del Golfo, tramo Puerto Real – Mérida, ya habían corrido versiones, desde antes de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero los que han sido desplazados en las amañadas licitaciones públicas, hasta el momento no han alzado la voz, esperando que la prensa o que por causa de algún accidente político los casos tocaran luz pública.

Familia Escalante

Desde siempre, la prensa ha sido la única que se ha ocupado de exponer las irregularidades en las que han incurrido las empresas de los Escalante y sus cómplices del gobierno. En el 2007, cuando era titular del Ejecutivo Federal el espurio Felipe Calderón Hinojosa y era jefe de la Presidencia de la República el ahora extinto Juan Camilo Mouriño Terrazo, Constructora Escalante y Construcciones y Materiales Peninsulares, propiedad de Eduardo Escalante Escalante, acaparó seis contratos por 193 millones 147 mil pesos, cantidad que representaba el 31 por ciento del monto que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ejerció ese año en Campeche.

Eduardo Escalante, quien en ese entonces era suegro de Mouriño Terrazo, y otros cinco constructores concentraron en el 2007 el 91 por ciento del presupuesto que la dependencia federal ejerció en Campeche, mismo que ascendió a un total de 629 millones 931 mil pesos.

Otra de las compañías beneficiadas es Constructora Gordillo, representada por Augusto Gordillo Díaz, que acaparó 23 por ciento de las obras, por 141 millones 894 mil pesos y Constructores Unidos de Campeche, de Ramón Espínola Toraya, con el 13 por ciento, con 80 millones 101 mil pesos.

En ese entonces, otra constructora que participaba de las obras era la del Mar de Campeche, propiedad de Carlos Lavalle Azar, que obtuvo contratos por 51 millones 973 mil pesos, y la Constructora Marathon, de Armando Toledo Jamit, a la cual le fueron adjudicados contratos por 46 millones 799 mil pesos.

Las obras asignadas a las compañías campechanas, cuyos propietarios también juegan un papel preponderante en la política campechana, en su mayoría consistieron en mantenimiento general y rehabilitación de carreteras federales en los tramos Villahermosa-Carmen, Escárcega-Villahermosa y Escárcega-Chetumal.

Como puede apreciarse, en el historial de las obras carreteras de Campeche, las razones sociales y los nombres se repiten año tras año y mientras que el caudal de recursos económicos provenientes del gobierno se acumula en las cuentas de las familias ya mencionadas, la infraestructura caminera de Campeche queda a la zaga respecto a los estados vecinos.

En el caso de los Escalante, no les ha bastado ser una de las cabezas más prominentes del “Cartel Constructor”, sino que también han procurado hacer carrera en la administración pública, de tal forma que abanderados siempre por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el clan Escalante Castillo ha gobernado el municipio de Campeche al menos en dos ocasiones:

Gabriel Escalante Castillo fue electo para ocupar la alcaldía campechana para el trienio 1991-94, pero dejó inconcluso su mandato para ocupar una diputación federal en el periodo 1994-97, una situación similar fue la que protagonizó su hermana Ana Martha Escalante Castillo, alcaldesa de Campeche para el periodo 2012-2015, pero antes había estado al frente de una diputación local.

La ex alcaldesa campechana -esposa del empresario constructor Jaime Patterson Cifrián, propietario del Grupo Constructor Patterson- actualmente es la titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Otro integrante del Clan Escalante Castillo que incursionó en la política es Gabriel, quien fungió como Jefe de Asesores y luego coordinador del proyecto del Tren Maya en Campeche, durante la gestión del ahora ex gobernador Moreno Cárdenas, y actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Económico.

El jefe del clan

Aunque no hace mucha vida pública y sus apariciones son solamente para acudir a eventos sociales y algunos eventos deportivos, la cabeza principal del clan constructor continúa siendo Eduardo Escalante Escalante, a quien también se le recuerda por haber promovido el violento desalojo de por al menos 90 personas de la comunidad de San Antonio Ebulá, que supuestamente habían ocupado uno de sus terrenos.

Corría agosto del 2009 cuando Escalante Escalante, padre de María de los Angeles Escalante Castillo, viuda del finado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo, ordenó el violento desalojo que dejó un saldo de media docena de lesionados –por lo menos dos recibieron impactos de bala-, que fue presenciado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche

Al respecto, el entonces director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Manuel Salgado Serrano, se limitó a informar que se había enterado de la situación tras un reporte del Centro de Comunicación y Comando, en el que se especificó que había disparos de arma de fuego en un enfrentamiento en San Antonio Ebulá, por lo que ordenó el envío de 50 agentes antimotines.

El violento suceso concluyó con la detención de dos pobladores. Nada se hizo ante los excesos cometidos por Escalante Escalante. Días más tarde, Hermann Bellinghausen, escritor y periodista, escribiría en un periódico de circulación nacional:

Ebulá, Pueblo Maya Destruido en Campeche

Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías o sicarios, se encargó del trabajito del señor patrón.

¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los habitantes y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?

La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo ¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los habitantes de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de 40 años?

El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta a la procuraduría federal ambiental.

¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras? Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la transcisión democrática para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.

“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”

Ebulá es reconocido como población por el Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso y los gobiernos estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, contratos, especulación inmobiliaria, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.

Aunque el caso tocó las altas esferas nacionales, nadie movió un dedo ante las arbitrariedades de los Escalante y como la memoria colectiva cada día se vuelve más amnésica, el 27 de septiembre el ex gobernador del Estado Alejandro Moreno Cárdenas nombró a Gabriel Escalante Castillo como coordinador del Tren Maya para Campeche o, lo que es lo mismo, puso al frente de un plan que pretende dar bienestar a las comunidades ancestrales de la península al miembro de una familia que precisamente es señalada por acabar con una comunidad indígena.

Los Gordillo

La otra constructora que se ha beneficiado de los contratos camineros es Constructora Gordillo, propiedad de Augusto Gordillo Díaz, empresario que si bien no es originario de Campeche, ha estado haciendo negocios con el gobierno local desde hace por lo menos cinco lustros.

Gordillo es también miembro prominente del Cartel Constructor de Campeche y es recordado por su presunto vínculo con el caso del narco-avión asegurado el 10 de abril del 2006, en Ciudad del Carmen, con más de cinco toneladas de cocaína.

En un operativo que fue vinculado con el aseguramiento de cocaína más importante hecho en territorio campechano, varias propiedades de Gordillo Díaz fueron cateadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). El constructor siempre alegó inocencia.

Aunque Gordillo Díaz ha dejado de estar al frente de las negociaciones con los gobiernos recientes, los gordillos no han dejado de ser protagonistas en el ramo constructor ni han renunciado a los beneficios económicos que genera la obra pública, sobre todo la obtenida a base de métodos corruptos.

El Clan Gordillo participa en la repartición de la obra pública caminera bajo las razones sociales: Construcciones y Conservaciones Xpujil, representada por Jorge Manuel Gordillo Coral, Concretos Asfálticos de Campeche, de Manuel de Jesús Gordillo Zepeda.

A los Gordillo también se les conoce como despojadores. En abril del presente año, POR ESTO! publicó que, luego de habitar durante 28 años un predio de dos hectáreas cerca del Periférico “Pablo García I. Montilla”, en el cual desarrollaba actividades agropecuarias, Mario Silva Pérez fue desalojado por la fuerza con maquinaria pesada y con el apoyo de elementos policiacos, por orden de los dueños de la Constructora Gordillo.

El afectado, quien se identificó como Mario Silva Pérez, mostró documentos que lo certifican como legal posesionario del predio, así como la documentación que lo acredita como beneficiario de diversos programas oficiales vinculados al campo, pero nada de eso le importó al juez que avaló el desalojo.

Durante el desalojo, el representante legal de la constructora exhibió el presunto título de propiedad a favor de la constructora. En el lugar se ha previsto construir un desarrollo inmobiliario.

(Joaquín Vargas)