Como se hizo costumbre, el ahora presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, durante su mandato en el 2018 como Gobernador del Estado desvió cerca de 6 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).
En el documento “Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos”, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se informa del uso indebido de 5 millones 802 mil 775 pesos.
La dependencia federal destacó en el dictamen que en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Campeche incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de “5,802,775 pesos, que representó el 8.3% de la muestra auditada ”.
Asentó que el Gobierno del Estado de Campeche careció de un adecuado sistema de control interno para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
Debilidades de transparencia
En el control interno instrumentado por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Campeche (Conalep), ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, para el ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI), emitido por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno, que tuvo varias debilidades.
En el punto de ambiente de control destacó que la institución careció de un comité o grupo de trabajo, instancia análoga en materia de auditoría interna, control y desempeño institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con la institución.
“La institución careció de un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de transparencia y acceso a la información”, apuntó.
Sobre la Administración de Riesgo de la institución estatal declaró que la institución fiscalizada careció de un comité de administración de riesgos formalmente establecido; así como que no determinó parámetros de cumplimiento en las metas establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos de su plan o programa estratégico.
Con respecto a las Actividades de Control, destacó que la institución careció de una política, manual o documento análogo, en el que se establezca la obligación de evaluar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos.
“La institución careció de un comité de tecnología de información y comunicaciones donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología y representantes de las áreas usuarias”, comentó.
También la institución adoleció de la obligatoriedad de registrar contable y presupuestalmente sus operaciones”, puntualizó sobre la Información y comunicación.
En el sentido de supervisión, externó que la institución no evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto de su programa estratégico, además de carecer del seguimiento del programa de acciones para resolver problemáticas detectadas, para verificar que las deficiencias se atendieron de manera oportuna y puntual.
La ASF recomendó que el Gobierno del Estado y en específico el Conalep elabore un programa de trabajo con responsables y fechas perentorias, para atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos; asimismo, deberá de informar de manera trimestral, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado Campeche (Secont), los avances en la instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno.
Diversas irregularidades
El Conalep y el IEEA no establecieron cuentas bancarias específicas para la recepción y el manejo de los recursos del fondo, ya que éstas presentaron recursos de fuentes distintas al FAETA/2018; así que la Secont inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente de investigación número P.INV/ASF/610-FAETA4/111/2019, por lo que se da como promovida esta acción.
“La Sefin, el Conalep y el IEEA registraron contable y presupuestalmente los ingresos del FAETA 2018, por 100 millones 133.9 mil de pesos y sus rendimientos financieros por 6.5 miles de pesos; los cuales se identificaron, actualizaron y controlaron debidamente; sin embargo, el Conalep-Campeche careció del recibo de ingresos (CFDI) por los recursos del FAETA 2018 correspondientes a la ministración de la primera quincena de junio”, agregó.
También el Conalep y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (IEEA) del FAETA 2018 erogaron al 31 de marzo del 2019 recursos del fondo, por un monto de 95 millones 388 mil pesos, de los cuales no se realizaron los registros presupuestales y contables debidamente actualizados, identificados y controlados; asimismo, la documentación justificativa y comprobatoria no fue cancelada con la leyenda de “operación” e identificada con el nombre del fondo. De igual forma, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 471 mil 168 pesos, más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la Federación, por la falta de la documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones con recursos del FAETA 2018, de las cuales 997 mil 850 millones 60 pesos corresponden al IEEA y 473 mil 317 pesos al Conalep-Campeche, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 42; del Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.
“El Gobierno del Estado de Campeche recibió 100,133.9 mil pesos, de los que, al 31 de diciembre del 2018, el Conalep-Campeche y el IEEA comprometieron 98,930,500 pesos, devengaron 98,069,300 pesos y ejercieron 94,204,700 pesos, que representaron el 94.10% de los recursos ministrados y, al 31 de marzo del 2019, ejercieron 95,388,200 pesos, los cuales representaron el 95.3% del total ministrado, en acciones que cumplieron con los objetivos del fondo; al 31 de diciembre del 2018, el Estado no comprometió 1,203,400 pesos”, declaró.
“Asimismo, registró recursos no ejercidos, al 31 de marzo del 2019, por un monto de 3 millones 542 mil 300 pesos, monto que debería reintegrar el estado a la TESOFE ascendía a 4,745,7 pesos; no obstante, únicamente reintegró 1,041,5 miles de pesos, de los cuales el Conalep lo hizo fuera del plazo establecido en la normativa, por lo que quedó un saldo pendiente de 3,704,2 pesos”, agregó.
Con respecto a Servicios Personales, el Conalep pagó 330, 4 miles de pesos, a cuatro trabajadores, después de su baja laboral y el Gobierno del Estado de Campeche, en el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que justificó la procedencia de los pagos realizados a cuatro trabajadores del Conalep, después de su baja laboral, por lo que se solventa lo observado.
(David Burelo)