Van por pensiones de ex gobernadores

La legisladora de MORENA, Sofía Taje Rosales, propuso al Congreso del Estado, la aplicación de una Ley de Austeridad Republicana que busca quitar privilegios a los gobiernos estatales, municipales y legisladores, ello en vísperas de que el titular del Ejecutivo estatal envíe sus propuestas de Leyes de Ingresos y del Presupuesto de Egresos 2020.

Explicó que es momento de fijar postura, apostar por la austeridad y el ahorro, con la convicción de mejorar los cambios en los rubros de la Salud, Educación, Medio Ambiente, Seguridad, Turismo y Desarrollo Económico, Social y Rural.

Mencionó que es el momento de rechazar privilegios y fantocherías, como fondos de ahorro, sobresueldos, promoción de imagen y aparatos de seguridad personales, las pensiones de exgobernadores, exrectores, exmagistrados, y los onerosos vuelos en aeronaves oficiales.

Declaró que no son los tiempos en donde la corrupción e impunidad se paseen por las calles de la mano del desgobernador, Alejandro Moreno Cárdenas, cuando hacía alarde de las famosas “maquetas”, las cuales quedaron inconclusas, además de las mansiones con súper vigilancia.

“Ahora, Carlos Miguel Aysa tiene que dar una “vuelta de tuerca” y desmarcarse de un régimen profundamente injusto para la sociedad campechana, aunque haya sido parte de él. Es hora de que el gobierno cumpla con las expectativas del pueblo campechano, no se puede seguir incumpliendo una obligación inaplazable; Dejar de derrochar y reactivar la economía maltrecha del estado”, apuntó.

Proponen vender aeronaves oficiales

La morenista enlistó 13 cambios que se tienen que hacer a favor de la economía de los campechanos entres ellos “Propongo vender las aeronaves oficiales que no sean usadas en protección civil y seguridad pública, en específico, el jet Sabreliner, el avión Piper Seneca V y una de las avionetas Cessna 206”.

Puntualizó que es necesario eliminar el decreto que otorga una pensión mensual bruta de 84 mil 514 pesos al exgobernador, Carlos Pérez Cámara, abuelo del actual diputado del Quinto Distrito, Jorge Ortega Pérez y reducirla al 50 por ciento, o en su caso eliminarla en su totalidad, así como los demás exgobernadores, exrectores de universidades e Instituto Campechano y ex magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Pidió eliminar los Fondos de Ahorro, los gastos de servicios médicos mayores y de gestión social que persistan en los tres Poderes del Estado.

Exigió acabar con los fideicomisos que ejerzan recursos públicos estatales y federales, como los constituidos con la banca privada para el Nuevo Puente de la Unidad, que han manejado al menos, 2 mil 200 millones de pesos, sin rendir cuentas al pueblo campechano.

Eliminar direcciones adjuntas

Así mismo, propone “eliminar las direcciones adjuntas, de existir, en las dependencias estatales y municipales. Eliminar escoltas y camionetas blindadas a gobernadores y exgobernadores, fiscales y exfiscales, secretarios de Gobierno y exsecretarios de Gobierno, secretarios y exsecretarios de Seguridad Pública, presidentes municipales y expresidentes municipales, y directores y ex directores de Seguridad Pública municipales”, prosiguió.

Taje Rosales argumentó que para aplicar la austeridad es necesario eliminar el gasto en Servicios de Arrendamientos, que ascendió en 2018 a 240, 400 millones y hasta septiembre del 2019, a 126 millones de pesos, ya que el estado cuenta entre su patrimonio, con terrenos e inmuebles que podrían servir para construir y habilitar oficinas, como la Casa de los Gobernadores y la segunda planta de la Biblioteca estatal.

Solicitó eliminar los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, dado que en la administración estatal, se cuenta con especialistas que pueden hacer el trabajo contratado, porque en 2018, representaron un gasto de 524,200 millones y hasta ahora, 214,200 millones de pesos.

“Reducir en un 90 por ciento los Servicios de Comunicación Social y Publicidad, que incluya la eliminación de voceros y personal de comunicación social en las secretarías y dependencias estatales.

Tan solo en el 2018, se derrocharon 571,500 millones por este concepto y en lo que va el 2019 ya van 226 millones de pesos”, continuó.

“Reformar la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y los Municipios del Estado de Campeche, para que los ingresos excedentes no sean destinados al gasto corriente, sino a pagar la deuda e inversión en obras públicas y proyectos productivos, con la supervisión y autorización del Congreso”, añadió.

La congresista de MORENA, afirmó que es necesario reducir en un 50 por ciento el salario de los altos funcionarios, reducir la nómina estatal, a través de la real cancelación de plazas, pues el 7.6 por ciento de la población está ocupada en el gobierno y la meta es de 3.8 por ciento.

Priorizó reducir en un 50 por ciento el pago a los regidores y síndicos, presidente municipal, secretario y directores de los Ayuntamientos del Estado de Campeche, porque sus remuneraciones se han vuelto verdaderamente insultantes para un pueblo empobrecido.

“Consolidar las remuneraciones a los diputados locales en 20 veces el salario mínimo, sin ingresos adicionales, como los fondos de ahorro, los privilegios a los coordinadores de fracciones parlamentarias, los bonos por pertenecer a la mesa directiva o a la presidencia de las comisiones legislativas principales”, finalizó.

(David Burelo)