Venta de concesiones para prestar servicio de transporte público, principal negocio ilícito de la dependencia durante periodo de Candelario Salomón Cruz en el IET / Caso de 100 permisos ilegales había movido organigrama en Transporte Estatal
CAMPECHE, Cam., 19 de marzo.- Los esposos Martínez Pérez, maestros jubilados, pensaron que estaban haciendo el negocio de su vida, por ello no dudaron en disponer de todos sus ahorros para hacer lo que les pareció un gran negocio.
Desde que dejó el Magisterio, pero sobre todo para no quedar inactivo y disponer de un ingreso adicional, Pedro Martínez alquiló una concesión de taxi y comenzó a trabajarla. No le iba mal, sobre todo cuando le dedicaba más de ocho horas a la prestación del servicio.
El profesor comprobó que, a pesar de las constantes quejas de los taxistas de que la rentabilidad de esta actividad va en picada debido al elevado costo del combustible, no era del todo verdad, sino que, como en todo trabajo, sino le pones empeño, no puedes esperar una buena recompensa.
Como era de suponerse, llegó el momento en que el maestro jubilado estaba totalmente integrado al mundo de los taxistas y, como todo chafirete, estaba obligado a cumplir con las exigencias del Instituto Estatal del Transporte (IET) y el Frente Unico de Trabajadores del Volante (FUTV).
De esta forma pudo comprobar que “la ruleteada da para todos”, pues además de las cuotas sindicales, todos los taxistas deben aportar un “incentivo” que se supone es entregado a inspectores y altos mandos del IET –por lo menos eso es lo que le decían-. Todas las “aportaciones” mencionadas anteriormente son, además de los pagos obligados por el mentado tarjetón, la licencia de taxista, capacitaciones, supuestas actualizaciones y multas.
El caso es que -explica nuestro informante- bajo el pretexto de cumplir con la ley, los trabajadores del volante son sometidos a una serie obligaciones y supuestos pagos de derechos que ni siquiera están considerados o bien especificados dentro de la norma hacendaria.
Pero a pesar del desembolso constante de dinero que se supone va a parar a la bolsa de dirigentes sindicales y funcionarios del IET, la chafireteada continuaba siendo rentable para el personaje que motivó el presente relato.
Puestos a prueba
“En algo sí estaban cumpliendo los del IET. No permitirían el desplazamiento del Sindicato de Taxistas porque le representaban votos al PRI. Por eso nunca dejaron que entrara Uber. También cumplieron rechazando todas las intenciones de registrar nuevos sindicatos.
“De eso no se informa, pero han tenido lugar varios intentos de registro de nuevos sindicatos transportistas, pues la ley ahora lo permite, pero el IET se ha encargado de frenar todas las iniciativas. Por lo menos en ese aspecto no nos falló el Gobierno”, dijo nuestro informante.
Entonces, a un año de las elecciones -2017- y previo al proceso, los titulares del IET hicieron un pacto con los socios y martillos del SUTV. En correspondencia con el apoyo que se otorgaría a los candidatos del Revolucionario Institucional, el Gobierno del Estado les entregaría 30 nuevas concesiones.
Desde luego, las asignaciones no serían del todo gratuitas. Pero quién no paga 150 mil pesos por una concesión, por una negociación que promete certidumbre y solidez económica. La negociación fue un éxito para todos los que intervinieron, en su mayoría socios influyentes del FUTV y activistas del PRI, así como algunos amigos del Gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas.
Sin embargo, las concesiones que otorga o vende el Gobierno a quienes le manifiestan apoyo y fidelidad, no subastadas de la misma forma, también existen otras vías para conseguirlas y generalmente es mediante trato directo con los titulares del IET y otros altos funcionarios del Gobierno del Estado, que, conocedores de lo suculenta que es su carnada, siempre están tirando el anzuelo… Y el profesor jubilado –que debido a lo delicado del caso no daremos su nombre real- lo mordió. No fue el único, por lo menos a una veintena de interesados le ocurrió lo mismo.
Sus gestores le dijeron que sí era posible ser dueño de una concesión de taxi, pero se tenía que cumplir con ciertos “requisitos”, además de los que establece la ley transportista del Estado.
Como era de esperarse, el “requisito” principal era el pago de una suma de dinero. En este caso de 300 mil pesos, en efectivo y en una sola exhibición.
El negocio prometía, por lo que el veterano miembro del Magisterio y su esposa echaron mano de todos sus ahorros y juntaron el dinero, pues sabían que este tipo de concesiones están cotizadas en poco más de medio millón de pesos.
Llegó el día de cerrar el trato. Los adquirientes entregaron el dinero y a cambio esperaban recibir su concesión, sin embargo, únicamente recibieron un documento que –les dijeron- les permitiría comenzar a prestar el servicio.
Confiados, los maestros jubilados procedieron a adquirir un nuevo vehículo para habilitarlo como taxi -además del que tenían ya trabajando- y hasta pensaron dar trabajo a un familiar desempleado.
Durante un tiempo no tuvieron problema alguno. El documento o permiso funcionó como si fuera una concesión real. Luego recibieron lo que consideraron fue una de las mejores noticias de su vida: Les iban a entregar su concesión original firmada por el mismísimo Gobernador del Estado.
Entusiasmados, la pareja que profesa la religión cristiana incluso solicitaron a su pastor un servicio religioso para dar gracias al Señor, por el favor recibido.
Durante los meses subsecuentes, todo transcurrió en forma normal, prestaron el servicio de taxis normalmente en toda la ciudad, hasta que su vehículo fue asegurado en un filtro del IET. Desconcertada, la pareja acudió ante la autoridad transportista para recibir una explicación.
A la pareja se le dijo que sí había una concesión relacionada con su caso, pero que ésta era apócrifa. Que les habían tomado el pelo, sin embargo, para ellos resultaba absurdo el hecho de que precisamente quienes les comunicaban esta irregularidad prácticamente eran los mismos que les “vendieron” el permiso.
La primera reacción de los profesores jubilados fue de indignación y enojo. Luego comenzaron a preparar su estrategia para denunciar pública y penalmente el hecho.
Como era de esperarse, los funcionarios del IET recomendaron a la pareja agraviada que mejor no hicieran nada y que buscaran un arreglo. Asimismo, cuando acudieron a interponer su demanda ante la Fiscalía, un funcionario de esta dependencia se encargó de ponerles en claro que su denuncia no iba a proceder y que debieron estar conscientes de que habían participado en una negociación ilegal. El funcionario no estaba tan errado, pues a los agraviados nunca les fue entregado comprobante alguno por el dinero que entregaron.
Hoy, el vehículo que usaban como taxi permanece en el garaje de la pareja, como mudo testigo de la grave corrupción que prevalece en la institución que regula el transporte público de pasajeros en el Estado.
Caso de las 100 concesiones
Pero durante la administración de Alejandro Moreno Cárdenas no solamente han tenido lugar los casos de las 30 concesiones de a 150 mil pesos ni el de las concesiones falsas. Incluso, el asunto de los tarjetones apócrifos se queda corto, ante el engaño cometido en contra de por lo menos 100 socios del FUTV.
Se trata del caso del centenar de concesiones que a un costo de 200 mil pesos, cada una fue “vendida” a igual número de socios taxistas de los municipios de Campeche, Escárcega, Champotón y Carmen. Esta transacción masiva, que terminó por convertirse en un engaño, habría sido el motivo principal del último “reacomodo” que tuvo lugar en el organigrama del IET.
Como era de suponerse, los interesados en las concesiones fueron motivados a entregar el dinero en efectivo y en una sola exhibición. Se asegura que todos llevaron a cabo el pago, pero a cambio recibieron permisos que resultaron ser apócrifos.
Como no existe documento alguno sobre la entrega del dinero a los funcionarios corruptos del IET, a los agraviados no les quedó de otra más que tragarse su coraje. Una de los argumentos de los funcionarios que se negaron a cumplir su palabra de otorgar las concesiones fue que “el Número Uno” estaba muy enojado con el Sindicato de Taxistas, ya que habían entregado muy malas cuentas durante el último proceso electoral.
El 7 de enero del presente año, el director del Instituto Estatal del Transporte (IET), Candelario Salomón Cruz, fue removido repentinamente de su cargo. En su lugar quedó Juan José Castillo Zárate…pero los síntomas del cáncer de la corrupción dentro de la dependencia encargada de aplicar la norma y políticas públicas en materia de transporte público prevalecen.
(Joaquín Vargas)