En la implementación del nuevo Sistema de Justicia Laboral, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Chuc López subrayó que además de disminuir los tiempos de los conflictos se busca que la mayoría se resuelva mediante la conciliación, se cumpla con la justicia pronta y expedita, sin dar cabida a la corrupción y la arbitrariedad en los procesos judiciales.
En operación
En la ceremonia de inicio de funciones y la inauguración del nuevo Juzgado en Materia del Trabajo en las instalaciones del Poder Judicial, la jueza Claudia Yadira Martín Castillo golpeó el mallete con lo que se declaró formalmente en operación.
En su mensaje, Chuc López reconoció que uno de los retos del estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos con la realidad que experimentan las y los ciudadanos cuando buscan una justicia pronta y efectiva.
Por lo que planteó que el nuevo Sistema de Justicia Laboral representa también un gran paso para la transformación de los procesos jurisdiccionales, las instituciones de justicia y operadores jurídicos.
Advirtió que un cambio de paradigma de tal magnitud para la impartición de justicia requiere también de un cambio de pensamiento por parte de la comunidad jurídica y la sociedad civil, pero también de estrategias y acciones eficaces por parte de las autoridades, “a fin de garantizar que las nuevas disposiciones legales y constitucionales alcancen los fines para los cuales han sido diseñadas”.
Lo que permite una sociedad más justa, próspera y solidaria en la que todas las personas puedan hacer uso de la voz, ejercer y reclamar sus derechos en libertad, paz e igualdad de condiciones; por lo que aseveró “que no tiene espacio ni cabida la corrupción y la arbitrariedad”.
Explicó que el nuevo sistema de impartición de justicia en materia del trabajo se dará en tres etapas; Campeche es uno de los primeros estados de la República en implementar la Reforma Laboral en esta primera etapa, acompañado de los estados de Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo -este último sólo en el ámbito federal-, así como del Poder Judicial de la Federación.
Precisó que el 17 de noviembre fue el último día en que las Juntas de Conciliación y Arbitraje recibieron demandas de trabajadores, por lo que, a partir del 18 de noviembre todo trabajador que pretenda demandar a un patrón, deberá hacerlo apegado al nuevo sistema de impartición de justicia y en su caso, resuelto por Tribunales Laborales.
Juntas de Conciliación
Explicó que las Juntas de Conciliación y Arbitraje quedarán operativas en estas ocho entidades y en las demás, conforme entre en vigor la reforma (octubre 2021 y 2022), sólo para continuar con el desahogo y resolución de los juicios que tengan abiertos, así como cerrar en forma definitiva hasta concluir con el último juicio del que hayan tenido conocimiento.
Significó que la gran apuesta del nuevo sistema de impartición de justicia es la conciliación, por lo tanto, pretende que la mayoría de los conflictos que se den entre trabajadores y patrones, -al menos el 60%- se resuelvan mediante la negociación, sin necesidad de llegar a juicio.
Ante esto, el nuevo sistema ya no permitirá que un trabajador demande en forma directa a un patrón (salvo algunas excepciones previstas en la propia ley), ahora contempla una conciliación prejudicial obligatoria entre las partes, para lo cual se crean los Centros Estatales de Conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como sus representaciones regionales.
Además de las novedades, la ley ahora contempla las llamadas “actuaciones notoriamente improcedentes”, tanto para las partes como servidores públicos, mismas que de llevar a cabo serán motivo de multa de entre 100 y mil UMAS (Unidad de Medida y Actualización).
Dentro de este tipo de actuaciones está alterar documentos firmados por un trabajador, ofrecer dádivas o sobornos a las autoridades, exigir la firma de papeles en blanco, presentación de hechos falsos respecto a salario, jornada o antigüedad.
Advirtió que con este sistema ya no ganará un juicio “quien cuente mejor una mentira, fabrique pruebas o intente comprar un peritaje”, porque de cara al Juez será muy complicado sostener hechos falsos y mentiras por una u otra parte, por lo que deben ponderar estos aspectos desde la conciliación.
Por lo que ofreció que el compromiso del Poder Judicial del Estado es trabajar por una impartición de justicia transparente, imparcial, moderna, incluyente e inalterable. Ya que de este modo se puede servir públicamente con ética para una administración de justicia que garantice el ejercicio pleno de derechos de todas las personas, en especial de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Campeche (Stpscam), Laura Luna García manifestó que la Reforma Laboral además de atender al sector vulnerable como son los trabajadores también modernice los procesos judiciales para evitar la dilación.
En el caso de la administración estatal, expresó que no es sólo es generar empleo debido a las condiciones adversas generadas por la pandemia del COVID-19 sino también ofrecer salarios dignos, trabajos adecuados y con previsión social.
Informó que para la implementación de dicha reforma en Campeche se destinaron 31 millones 672 mil 774 pesos de acuerdo al programa calendarizado para su ejecución, así como para la construcción de los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales.
Por Wilbert Casanova