A pesar de que el reglamento de vialidad y tránsito indica que todo conductor de motocicleta que circule en el estado deberá portar debidamente el casco así como otros equipos de protección, todo parece indicar que en la Península de Atasta los pobladores hacen caso omiso a su seguridad lo que ha provocado una serie de accidentes vehiculares que han dejado trágicos desenlaces.
Actualmente, las leyes de vialidad en el estado de Campeche, en su apartado 3, artículo 4, indican que todo aquel acompañante y conductor de una unidad motorizada de dos ruedas debe contar de manera obligatoria con equipo de protección, el cual es tener puesto su respectivo casco abrochado, así como contar con retrovisores y en su caso, al manejar sobre la carretera utilizar reflectores para ser vistos a simple vista por unidades pesadas y automóviles familiares.
De igual manera los cascos que utilicen los conductores de las motocicletas deben de estar regulados por la Norma Oficial Mexicana NOM-206-SCFI/SSA2-2018, la cual indica que deben de cumplir con una serie de pruebas que confirmen su efectividad en caso de tener algún accidente automovilístico.
A pesar de que un casco no es 100% seguro y no salvará de un terrible accidente a su conductor, sí reduce la posibilidad de sufrir algún daño fatal hasta en un 85% de los percances.
Durante el 2019 en la Península de Atasta se registraron en promedio 43 accidentes donde se vio involucrada una motocicleta y en el que el 90% de sus conductores resultó lesionado y el otro 10% restante perdió la vida.
En lo que va del 2020 se tiene un registro al momento de 24 accidentes vehiculares que relacionan directamente a una unidad de dos ruedas y donde hasta el momento 9 personas han perdido la vida, 11 han resultados con lesiones de gravedad y 4 personas tuvieron heridas menores que salvaron su vida gracias a que contaban con el equipo de seguridad correspondiente.
Aunque las autoridades han implementado una serie de campañas para concientizar a los pobladores, han hecho caso omiso debido a las diferentes dificultades que hay en estos ejidos como la falta de recursos para poder comprar el equipo reglamentario y aunque corren el riesgo de sufrir alguna sanción administrativa que va de los 15 a 45 salarios mínimos, la Secretaría de Seguridad ha omitido implementar las multas para no afectar a la comunidad.
Por Ricardo Jiménez.