Polemiza el Congreso paro de mujeres

La violencia hacia las mujeres y el paro convocado para el 9 de marzo, fue motivo de debate en el Congreso del Estado, donde los priistas intentaron responsabilizar al Gobierno Federal de las agresiones con el argumento de reducir presupuesto, sin embargo las legisladores de MORENA, pidieron castigo a exgobernadores como Fernando Ortega Bernés por no concluir el Hospital del Niño y la Madre en Ciudad del Carmen, y se recordó la masacre a habitantes de “Juan de la Cabada” con Abelardo Carrillo Zavala.

En asuntos generales, durante la quinta sesión del Congreso del Estado, el coordinador parlamentario de Morena, José Luis Flores Pacheco presentó la iniciativa para expedir la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales del Estado de Campeche.

La priísta Ana Gabriela Sánchez Preve, en la tribuna pidió que se devuelvan los dos mil millones de pesos que se recortaron a diversos programas dirigidos hacia la mujer en prevención, discriminación y apoyo de albergues y que se homologue el delito de feminicidio en el país, no prescribir los delitos sexuales y resaltó que en el PRI, sus militantes deben acreditar capacitación en violencia de género, y su órgano de justicia cesar a quién se le denuncie o vincule con acciones de violencia hacia la mujer.

Ante ello el diputado independiente, Luis García Hernández reviró y pidió que los priistas, castiguen a sus exgobernadores que andan libres y son culpables de incurrir en actos ilícitos como Fernando Ortega Bernés quién desvío los recursos del hospital del Niño y la Madre, que aún sigue en el abandono.

La morenista María Sierra Damián, irónica expresó que es positivo que el PRI busque promover sus valores ya que en 1988 durante el gobierno de Abelardo Carrillo Zavala con lujo de violencia, ingresaron a la comunidad de “Juan de la Cabada” en donde se masacró a los habitantes, y se violentó a mujeres, incluso embarazadas, y con Gloria Noriega protestó por la violación de derechos humanos sin que nadie denunciará este hecho.

Por lo que enfatizó que no “olvida las arbitrariedades de los gobiernos priístas en el Estado”.

Por su lado, el diputado del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo enfatizó que la violencia hacia las mujeres no es nuevo, aunque se debe reconocer que se recrudeció recientemente por lo que merece atención el tema aunque es la Fiscalía General del Estado es quién debe hacer las investigaciones al estar el delito de feminicidio en el Código Penal de Campeche.

Exhortó a no buscar reflectores políticos ni cargar culpabilidad a un solo sector sino asumir la responsabilidad que a cada quién le compete y hacer el compromiso de disminuir la violencia hacia la mujer.

La panista Nelly Márquez Zapata coincidió en que todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal deben cumplir y se voltea hacia el tema porque es prioritario ante el agravio que se comete con mujeres y niñas y se pronunció a favor del movimiento del 9 de marzo, para ganar fuerza y poder, sobre todo cuando las mujeres son el  51 por ciento de la población.

En cambio la morenista Sofia Taje Rosales se pronunció en contra del paro a que convocan los colectivos ya que es manipulación y cuestionó que cuando pidió la ayuda para Elizabeht Puc y la niña Amelia no hubo el respaldo del Congreso.

Ley de Agresores Sexuales

Por su parte, Flores Pacheco presentó la iniciativa para crear la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales en el Estado de Campeche, ya que hasta octubre de 2019 los delitos contra la libertad y la seguridad sexual tenía un registro de 299 casos de los cuales 188 fueron violaciones equiparadas y 56 violaciones simples, y otros delitos sexuales por lo que “es el segundo rubro de delitos que más se cometen en Campeche”, solo los supera el del patrimonio con 1042 casos registrados.

Señaló que las cifras son alarmantes, si se toma en consideración que en la entidad no se llega ni a un millón de habitantes, por lo que en comparación con otros Estados con mayor población se supera la media nacional de delitos sexuales, son los que más ofenden y agravian a la sociedad.

En su propuesta establece que “el Registro quedará a cargo de la Secretaría General de Gobierno, quien deberá controlar, organizar y gestionar el Registro de Agresores Sexuales, información que ya contempla la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Registro de detenciones, y la propia Ley Nacional de Ejecución Penal”.

(Wilbert Casanova Villamonte)