El actual dirigente de la Comisión de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc), Pedro Celestino May Can, consideró irreversible la decisión de un juez para recuperar 630 hectáreas de tierras del ejido Lerma, adquiridas presuntamente por prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y por las cuales pagaron 20 millones de pesos.
El dirigente campesino recuerda que fue una gran componenda entre funcionarios y empresarios, tanto de Veracruz como de Campeche, para adjudicarse 630 hectáreas a orilla de playa, de la más alta plusvalía, para ello muchos se hicieron pasar como ejidatarios.
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Fue en 2015, al comienzo de la administración del exgobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas, cuando fue encarcelado por pelear estas tierras y por lo cual le dieron una sentencia de tres años acusado de despojo de bienes inmuebles, se tuvo que declarar culpable y así obtuvo el arresto domiciliario que concluyó el 19 abril de 2018.
Luego de recuperar su libertad y tras el encarcelamiento de Javier Duarte, dio continuidad a su reclamo y pudo demostrar la falsificación de una serie de documentos, en los cuales personas desconocidas se hicieron pasar como ejidatarios para realizar la compraventa.
En total, habían sido adquiridas ilegalmente del ejido de Lerma 21 parcelas, durante el juicio se logró anular 171 escrituras públicas a nombre de Santa Bartola Acuña, Miguel Velázquez Nieva, Moisés Mansur Cisneyros, quienes presuntamente eran ejidatarios, pero en realidad eran prestanombres de Javier Duarte para realizar la operación.
Señaló que aparece el nombre de Antonino Almazán Arteaga como representante legal de la empresa Icae de México, que se dedica presuntamente a regularizar tierras ejidales, lo cierto era que tenían un gran negocio que no querían perder, porque además desde aquella fecha en dichos predios se proyectaba una gran inversión del Gobierno federal.
De las 21 parcelas, lograron nueve a sobreprecio y a empresas fantasma que los propios prestanombres de Duarte crearon, figuran entre ellas Ortega López, con pago de más de un millón de pesos, y, un año después, las vendió en 244 millones de pesos.
Mansur Cysneiros, a su vez, pagó un millón 650 mil pesos por nueve parcelas, y recibió 253 millones de pesos al vender cinco de ellas.
Aclaró que este no es el único caso de tráfico de tierras en esta región de la entidad, que conecta hasta el municipio de Seybaplaya, pues también existe datos de la venta de más de 9 mil 685 hectáreas ubicadas a orilla del mar en Xpicob y que también fueron despojadas por Javier Duarte y sus cómplices, por las cuales pagaron a 30 centavos el metro cuadrado.
Considera que la resolución del juez es irreversible, porque toda la documentación ha sido entregada al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dichas parcelas están consideradas dentro del programa Sembrando Vida, son para los ejidatarios.
Confían que finalmente se haga justicia para los ejidatarios, por ello el temor de numerosos empresarios, funcionarios y políticos de Campeche, que se prestaron a la componenda para presionar y hacer un lucrativo negocio.