Luego de que el secretario general de Gobierno, Aníbal Ostoa Ortega, informó a la Gobernadora de la atención a líderes de comunidades de Candelaria con conflictos agrarios, y se propuso hacer mesas de trabajo interinstitucionales para atender estos problemas, la dirigente del Frente Campesino e Indígena Emiliano Zapata (FRECIEZ), Emma Nayeli Ramírez Cruz, sostuvo que no existe ningún acercamiento con las autoridades estatales.
La líder campesina manifestó que a pesar que la agrupación está conformada por 500 campesinos de 15 diferentes comunidades que se encuentran asentadas en la ampliación forestal de Pomuch y Champotón y que llevan varios años de lucha para lograr la expropiación de estos terrenos nacionales, hasta ahora es más que nulo el apoyo de las autoridades estales.
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Aunque durante la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, la Gobernadora Layda Sansores San Román instruyó a hacer un recuento de las comunidades donde se realiza la tala ilegal y se procura su atención a través de programas sociales y productivos, para que tengan alternativas de vida y desarrollo.
Ramírez Cruz señaló que es un “secreto a voces” que la tala ilegal en la frontera con el vecino país de Guatemala es más que evidente, incluso en muchas ocasiones el exdirigente de esta organización campesina Luis Antonio Che Cu, en muchas ocasiones denunció el tráfico de madera, drogas e incluso de personas indocumentadas, por lo que considera a esta zona como foco rojo en delincuencia.
Destacó que, aunque la Gobernadora pidió a la Guardia Nacional (GN) que, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), realicen inspección en los centros productores para saber si están en regla, pues es una parte importante para acabar con el daño a la naturaleza, estas acciones siempre han estado vigentes, pero, las autoridades siempre se corrompen.
Por ahora -dijo- que se busca una solución directa con el Gobierno Federal sin intromisión del gobierno del Estado, pues existen algunos puntos a tratar que se han expuesto en las mesas de trabajos que se han sostenido con autoridades federales de la Procuraduría Agraria (PA).
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CC