Durante los más de 90 días destinados para las campañas políticas del 2021, la gobernadora Layda Sansores San Román abanderó, como una de sus propuestas, mantener a toda la plantilla laboral de la administración pública estatal. Sin embargo, pareciera que esas promesas sólo fueron una forma de llegar al Palacio de Gobierno, porque desde octubre comenzaron los recortes de personal. El más reciente fue el caso de los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Campeche (Oscam), quienes denuncian haber sido engañados para firmar su “baja voluntaria”.
“Hoy quiero decirles una noticia muy triste, muy lamentable, el Gobierno del Estado nos hizo renunciar a todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Campeche. Fue de una manera muy turbia porque nos citaron para firmar la nómina del 15 de diciembre y cuando entramos nos presentan una hoja con nuestra renuncia voluntaria”, expresó el músico afectado.
A través de un video difundido en redes sociales, narró que, para acceder al lugar, previamente les retiraron los celulares con la finalidad de que los afectados no tuvieran oportunidad de tomar fotos, videos o audios como evidencia de lo ocurrido. El ahora exintegrante de la Oscam aseguró que el trato que recibieron fue peor del que habría tenido un ladrón u homicida, por lo que están indignados de lo ocurrido.
Si los integrantes de la actual administración pública ya no requieren sus servicios, dijeron que deberían haberlos liquidado como corresponde por ley, debido a que hay músicos que tienen una antigüedad de 12 años en la agrupación musical.
En noviembre pasó lo mismo
Trabajadores de diversas áreas de gobierno aseguraron que la actual administración encabezada por Layda Sansores San Román los presionó para firmar de forma voluntaria el cese en sus funciones a pesar de que no ocupaban cargos como jefe de departamento, subdirector o director. Por lo menos tres afectados reportaron a Por Esto! que los documentos carecían de membretado y no explicaban a detalle la razón de la procedencia. Los casos por despidos injustificados han ocurrido en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Campeche (DIF) y diversas dependencias, como en las áreas administrativas del Congreso del Estado, sitio donde fueron afectadas al menos 30 personas, entre analistas, analistas especializados, jefes de departamento, subdirectores y directores. Entre los despedidos hubo personal con historial de entre 10, 12, 15 y 20 años de servicio.
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CC