En la revisión de los contratos para la construcción del fraccionamiento Carzabela Bicentenario se puede determinar el origen del problema que enfrentan beneficiarios y constructora, así como las responsabilidades que debe asumir cada parte, planteó la presidenta del Colegio de Arquitectos, Karla Gelisle Sánchez Sosa.
Explicó que la asociación puede intervenir en los conflictos de este tipo siempre y cuando lo soliciten los involucrados.
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Incluso algunos socios se encuentran en el padrón que tiene la Fiscalía General del Estado (FGE) para hacer peritajes que emitan una opinión en estas controversias, en caso de denuncias que se tengan ante este órgano judicial.
Subrayó que los contratos incluyen la licencia de funcionamiento para la obra que se vaya a edificar, por lo que es importante conocer bajo qué condiciones se establecieron los acuerdos para la edificación.
Consideró que se deben separar las etapas, pero en el caso del análisis de la demanda de los vecinos de estos departamentos se tiene que comenzar desde el origen, ya que el conflicto tiene su tiempo sin que tengan un acuerdo entre ambas partes.
En este punto expresó que ya no tiene caso centrarse en las deficiencias de construcción que se pudieran tener sino en el contrato, para precisar la responsabilidad en la edificación que se realizó lo que permitirá determinar si se cumplió con la normatividad y las leyes de lo que se puso en el papel. “Es empezar “a deslindar responsabilidades”, apuntó.
Señaló que se necesita el peritaje de un tercero porque se pueden emitir dictámenes a favor o en contra el depender de quién lo contrate, pero es fundamental una tercera opinión, en caso de que se tenga la denuncia respectiva.
Enfatizó que por ética y moral, si el dictaminador encuentra que se pone en peligro la vida de los habitantes, debe exigir la desocupación de la vivienda, para no atentar contra de sus moradores.
Subrayó que es necesario el peritaje para poder emitir una solución, ya que la sola foto de las fisuras no determina el daño a la estructura, aunque de forma estética represente una inconformidad por recibir un producto defectuoso por el que se paga.
Por otra parte, expuso que este conflicto debe motivar al análisis de las leyes en la materia y hacer las reformas a la legislación para adecuarla a los nuevos tiempos y actualizar su normatividad.
Incluso instó a los beneficiarios a acudir a otras instancias que los pueden apoyar, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Agencia Mexicana de Inmobiliarios o los distintos colegios.
JG