La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le denegó al estado de Campeche la queja que presentó con el argumento de la Controversia Constitucional que sostiene con Quintana Roo para que le prohíba la construcción de la obra hidráulica en las comunidades de Felipe Ángeles, Caña Brava y Guillermo Prieto con base en los amparos con que se le ordena a los quintanarroenses dotar del líquido.
El representante legal de las comunidades Andrés Blanco Cruz, explicó que la administración estatal presentó el “recurso de queja 1/2021-cc derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 226/2019”.
Además, en el Juzgado de Chetumal también presentaron un escrito, a nombre de la Consejera Jurídica del Gobierno de Campeche, Olivia Rosado Brito en donde exponen que prestan el servicio de agua, aunque consideró que “nunca lo han hecho”, inclusive “en la cabecera municipal de Xpujil no se tiene agua potable de manera regular”, apuntó.
Explicó que el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno de Campeche, Alejandro Medina Piña, fue quien entregó el oficio en el Juzgado de Distrito de la ciudad de Chetumal e incluso en la SCJN.
De acuerdo con Blanco Cruz, Campeche recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para alegar que ante la controversia constitucional en donde participa la entidad como tercero interesado, ya que es una disputa entre Yucatán y Quintana Roo, no se puede realizar ningún tipo de obra de infraestructura.
Medina Piña, por su parte, replicó en su momento que “se están haciendo los estudios por parte de la Consejería Jurídica, porque este asunto recae dentro de ese órgano y también de la Comisión de Asuntos Limítrofes con el acompañamiento del Gobierno del Estado y municipios, que ven por el orden jurídico, administrativo, así como aspectos sociales y geográficos”.
Cabe recordar que los pobladores de estas tres comunidades, que argumentan las autoridades campechanas son de su jurisdicción, interpusieron un amparo al solicitar la dotación de agua del Estado de Quintana Roo mediante los 1097/2019 y 1082/2019 cuya resolución de los jueces fue a favor de las comunidades que se encuentran en la franja fronteriza entre ambas entidades.
Ante la orden de los Jueces Federales, el Congreso de Quintana Roo aprobó un presupuesto de 100 millones de pesos para ejercer en este 2021 para la ejecución de las obras y se les conecte el suministro de agua potable.
Incluso la Comisión de Agua Potable (CAPA) quintanarroense sesionó el mes de marzo y autorizó cuatro millones de pesos para los estudios técnicos en donde se sustente la extracción del líquido para hacer la conexión para dichos asentamientos humanos.
Ante el intento de nulificar la obra hidráulica aprobada por los quintanarroenses ante el Poder Judicial de la Federación, Blanco Cruz, se refirió a la acción jurídica interpuesta por el Gobierno de Campeche como nula ya que “la SCJN dijo que no hay lugar a la solicitud de la Consejería Jurídica para suspender la ejecución de los amparos”.
Los jueces que ordenaron a Quintana Roo proporcionar el suministro de agua potable a las tres poblaciones fueron del Juzgado Sexto en Chetumal, Quintana Roo, con el amparo 1082/2019 y el Juzgado Primero del Centro Auxiliar de la Novena Región en la Ciudad de Zacatecas, con el amparo 1097/2019.
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JG