El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes condenó el fallo del juez sexto de distrito concedido a la empresa internacional Monsanto para evadir el decreto de la prohibición del uso del glifosato y la siembra de transgénicos.
Los socios Ermilo Alonso Maas Ek y Leydi Araceli Pech Martín, quienes integran el Colectivo de Comunidades señalaron que la organización maya manifestó su total rechazo ante la suspensión provisional otorgada a Monsanto contra un decreto presidencial que busca eliminar el uso del herbicida con denominación glifosato y el maíz transgénico que ya se siembra en nuestro municipio y estado.
Ahora reclaman la desatinada decisión tomada por el juez de distrito en materia administrativa a cargo de Francisco Javier Rebolledo, quien pone en mayor riesgo la integridad de la gente del campo y principalmente a los niños.
Se dijeron pisoteados de sus derechos de los pueblos, sus derechos humanos, la salud de la población, y es contraria a los requisitos establecidos en el artículo 138 de la Ley del Amparo, por lo cual exhortaron a que chequen la recomendación 82, 20, 18 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que es un aclara evidencia de los daños ocasionados por el herbicida.
Dijeron que esta situación podría tornarse a una crisis ambiental y puede repercutir principalmente a la apicultura, la contaminación, la escasez del agua y la deforestación. Comentaron que las autoridades encargadas no aceptaron hacer algo por proteger el campo campechano.
Agregaron que esta decisión del juez “condena a todos los pueblos a sufrir una crisis en tan poco tiempo”.
Aceptaron que “la lucha contra Monsanto inició en el 2012, estamos en contra de la agroindustria y la siembra de los transgénicos en nuestro territorio”.
Denunciaron que para sembrar la soya transgénica deforestaron 213 mil hectáreas de selva, y de esto tienen conocimiento el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), aun así Monsanto incumplió la legislación y violó los términos de permisos confirmado recientemente por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) saben del daño que puede repercutir en la gente maya.
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JG