En el municipio del Carmen hay más de 100 plantas de tratamiento de aguas residuales que tienen que ver con empresas y fraccionamientos; sin embargo, el 90 por ciento incumple con las normas oficiales NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997, debido a la falta de interés de los empresarios, fraccionadores y autoridades municipales.
Cuando una empresa constructora cumple con la entrega del fraccionamiento al municipio también otorga la planta, pero a veces el gobierno municipal carece de recursos para mantenerla, tal como ha sucedido en diversos fraccionamientos de la Isla, expresó el presidente de grupo ambientalista “Ecovigilantes” de Ciudad del Carmen, Miguel Benítez Heredia.
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Competencia federal
Explicó que a la Comisión Nacional de Agua (Conagua) le compete realizar un estudio para medir la contaminación; en caso de que hubiera riesgos de salud podría intervenir la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche (Copriscam) porque el problema con los particulares o fraccionadores que no cumplen con la ley; “es un fenómeno; todos los desechos contaminantes se vierten en los arroyos que al final terminan en la Laguna de Términos”, afirmó.
Manifestó que la inoperatividad de las plantas tratadoras de aguas negras en Ciudad del Carmen provoca contaminación severa en los litorales de la Isla y por varios años los funcionarios de gobiernos federales, estatales y municipales se tiran la bolita sobre el asunto, porque ha hecho falta voluntad política para atender el problema.
“La descarga de aguas residuales domésticas, industriales y pecuarias sin tratamiento provoca contaminación en los cuerpos de agua y disminuye la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, poniendo en riesgo la salud de la población y la integridad de los ecosistemas. La descarga de aguas residuales de origen urbano proviene de viviendas y edificios públicos que se colectan en el drenaje. Sus principales contaminantes son el nitrógeno y fósforo, compuestos orgánicos, bacterias fecales, entre muchos otros”, aseguró el ambientalista.
Añadió que las aguas de desechos dispuestas en una corriente superficial como lagos, ríos y mar sin ningún tratamiento, ocasionan graves inconvenientes de contaminación que afectan la flora y la fauna. Estas aguas residuales, antes de ser vertidas deben recibir un tratamiento adecuado, capaz de modificar sus condiciones físicas, químicas y microbiológicas, para evitar que su disposición cause los problemas antes mencionados; el grado de tratamiento requerido en cada caso para las aguas residuales deberá responder a las condiciones que acusen los receptores en los cuales se haya producido su vertimiento.
Asunto complejo
Señaló que las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser diseñadas, construidas y operadas con el objetivo de convertir el líquido cloacal proveniente del uso de las aguas de abastecimiento, en un afluente final aceptable, y para disponer adecuadamente de los sólidos ofensivos que necesariamente son separados durante el proceso; esto obliga a satisfacer ciertas normas o reglas capaces de garantizar la preservación de las aguas tratadas al límite de que su uso posterior no sea descartado.
“Sin embargo, se ha visto el desinterés de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que procedan contra los ecocidas, ya que puede más el interés económico que perciben en vez de darle prioridad al rescate de los arroyos y aplicar las sanciones a los fraccionadores que incumplieron con las normas en las plantas tratadoras de aguas negras o residuales”, concluyó.
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GH