Pese a los señalamientos y críticas al programa “Cárcel Abierta” que han hecho empresarios y el Colegio de Abogados, el Gobierno del Estado insiste en convertir los Centros de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén y de Ciudad del Carmen en centros educativos para los internos, quienes también recibirían becas y apoyos como el de 60 y más otorgados por el Gobierno Federal; sin embargo, esta acción debe contemplar estudios de diversos puntos para reintegrar a un recluso a una sociedad activa tanto en el ámbito laboral, social como familiar, pues implicaría modificar la Constitución Política federal, la Constitución Política de Campeche y el Código Penal.
El pasado 21 de diciembre, la gobernadora Layda Sansores San Román anunció este nuevo programa desde el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, que busca que los reos puedan salir a laborar, visitar a sus familias y regresar al pase de lista; ayer, hizo lo mismo pero en el penal de Ciudad del Carmen.
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La disposición del Gobierno del Estado se agarra de que la familia juega un papel importante en cómo recibirá la sociedad a los internos al salir; sin embargo, hay que realizar un proceso minucioso para no caer en un acto delincuencial, es decir, el pase de lista, el ir y regresar de los reclusos, representa un riesgo porque no todos acatarían las normas de obediencia.
Campeche no está apto
Por otra parte, si se toma en cuenta la apertura de los penales, Campeche es la Entidad de todo el país que carece de condiciones sociales y económicas para implementar un programa como “Cárcel Abierta”, ya que no existe garantía de que los reos no huyan y los campechanos serían los más afectados, es más, ni siquiera en México se considera, pues implicaría modificar la Constitución Política federal, la Constitución Política de Campeche y el Código Penal para empezar.
En la cuestión laboral, en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, los reclusos siempre han tenido oportunidades de empleo para llevar el sustento a casa, algunos empresarios locales han aprovechado la mano de obra al interior del penal de acuerdo con sus capacidades laborales, como tejido de hamacas y procesamiento de productos, por lo que sería innecesario contratar maestros “extra” para que les enseñen una labor que manejan a la perfección.
Y si de derechos humanos se trata, la primera visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, considera que es cierto que hay personas con seis o más años en proceso bajo la figura de prisión preventiva, sin fecha para una resolución de su caso y privadas de su libertad, y por ello hay que considerar quiénes serían los beneficiarios del programa que la Gobernadora propone, pues también hay asesinos, violadores y gente de alto riesgo de peligrosidad que difícilmente pueda reincorporarse a un centro laboral por sus antecedentes, sin contar que podría escapar.
Los internos del Cereso ven con buenos ojos la posibilidad de andar libres con una condena por el delito que hayan cometido, pero el Poder Ejecutivo no puede intervenir en las decisiones del Poder Judicial, cuya medida de prisión preventiva es impuesta por un juez en la Audiencia de Control para que el imputado no huya de la justicia, pero ni el Código Penal Federal, del Estado o el Código Nacional de Procedimientos Penales plantea la posibilidad de que el Ejecutivo en turno tome dichas decisiones.
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JG