El presidente de la Asociación de Restauranteros y Comerciantes de la Calle 59 y el Centro Histórico, Francisco Estrada Gómez, acusó al Ayuntamiento de Campeche de iniciar una cacería de brujas contra los negocios establecidos que por dificultades financieras no han podido realizar un análisis estructural de sus edificios, y como consecuencia no les han entregado su licencia de funcionamiento. Expuso que a partir de este año les exigen nuevos requisitos entre los que se encuentran dicho estudio de la estructura, así como una certificación por parte del Jurídico del Ayuntamiento por la que les cobran el 2 por ciento de la renta total de un año.
En entrevista expuso que tan sólo en esa arteria son alrededor de cinco los empresarios que se encuentran en esa situación, a los que se suman otros cuyos negocios están tanto en el primer cuadro de la ciudad como en barrios tradicionales.
Lamentó que es “casi imposible” sostener reunión con las autoridades encargadas de este asunto, a fin de buscar una opción que no afecte a los negocios formales, en un momento en el que arrastran dificultades financieras derivadas de pandemia e incremento en insumos, así como impuestos.
Añadió que hace algún tiempo sostuvieron un encuentro los restauranteros, la Asociación de Hoteles y Moteles, el Director de Desarrollo Económico, Carlos Macosay y la Directora de Protección Civil, sin que hasta ahora hayan llegado a un acuerdo.
Al parecer a partir de este 2022, a los requisitos exigidos para renovar la licencia de funcionamiento se sumó el estudio estructural que les cuesta desde 10 mil hasta los 200 mil pesos, de acuerdo al tamaño del inmueble, así como una certificación de contrato de arrendamiento que emite el Jurídico del Ayuntamiento y por la que cobra el 2 por ciento sobre la renta mensual, es decir que si el empresario paga 10 mil pesos cada mes por la renta del lugar, deberá desembolsar 2 mil 400 pesos más para entregar al Ayuntamiento.
Aunado a ello, deben cumplir con el pago del agua potable, el de recolección de basura que aumentó a casi 15 mil pesos al año, entre otros como la revisión al sistema eléctrico y de gas, para el que deben contratar el servicio aparte. Esta situación, dijo, hace una deuda prácticamente impagable para los empresarios y fomenta la informalidad.
“Están activando un requisito que es ilegal y anticonstitucional que es la certificación de contrato de arrendamiento por el Jurídico del Ayuntamiento; ellos cobran por certificar un documento que ya pasó por un notario público, así que están cobrando el 2 por ciento de la renta de todo el año. En la administración pasada llegamos al acuerdo de que se tenía que pagar una sola vez, pero ahora se deberá hacer anualmente”, expresó.
Finalmente, calificó como incongruente el hecho de que la Comuna de Campeche por un lado tenga una actitud “inquisidora” con los negocios formales que pagan impuestos y “permisiva” con el ambulantaje en el primer cuadro de la ciudad.
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JG