Ante la falta de respuesta a sus demandas, como lo es una justificación acorde, abogados mantienen el paro de labores en las oficinas de la Junta Especial 52 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, debido a que los más de cuatro mil expedientes de demandas laborales se los quieren llevar a la Junta 48 en Campeche, con lo que dejan sin justicia a la clase trabajadora petrolera, señalaron Ignacio Mendoza Rivera y Roberto de Jesús Kidnie Ramos, parte del grupo de litigantes que se manifiestan por esta situación.
Por segundo día hábil, los abogados carmelitas de los trabajadores que tienen sus expedientes en la Junta Especial 52, tomaron las instalaciones como protesta por el hecho de la sede sería trasladada a la ciudad de Campeche junto con los expedientes, “Hasta el momento no nos han dicho nada, solamente la presidenta de la Junta, Verónica Torres Arminio, se acercó a preguntar qué acciones vamos a tomar, pero nosotros estamos protestando de manera pacífica en contra de la decisión de llevarse los expedientes”, dijo Mendoza Rivera, representante del grupo.
Cabe recordar que el viernes 4 de noviembre los abogados en derecho laboral tomaron las oficinas de esta Junta e impidieron que se realicen las audiencias del día, ante el anuncio del despido masivo de los trabajadores de sede, así como el traslado de más de cuatro mil expediente a la capital del Estado, que afectará a muchos trabajadores porque se habla de expedientes y no de número de trabajadores que se verían afectados, junto a más de 100 abogados carmelitas.
Ayer lunes hicieron lo mismo y esta vez será por tiempo indefinido; Mendoza Rivera está solicitando que la Junta 52 no desaparezcas, expuso que “seguimos a la espera de algún posicionamiento de las oficinas centrales, pues el artículo transitorio por el que desaparecen las JFCA señala que no se puede cerrar una oficina mientras se tengan expedientes activos”.
De acuerdo con la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 2019, se estableció desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA) y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), hasta que todos los expedientes este resueltos bajo el régimen anterior y a partir del 3 de octubre de 2022 las Juntas de Conciliación y Arbitraje ya no recibirán demandas laborales, por lo que serán los tribunales laborales federales y locales quienes comenzarán a dar trámite a las nuevas demandas individuales y colectivas y procedimientos especiales.
Por su parte, Roberto de Jesús Kidnie Ramos, también abogado, señaló que el tema con los litigantes es de justicia social, pues representan a la clase trabajadora de Ciudad del Carmen y es un grupo de abogados que piden al Gobierno Federal una audiencia a fin de exponer que no es una causa justificada llevarse los expedientes de Carmen a Campeche, “toda vez que la mayoría de la carga laboral está en Carmen, pues en Campeche se tienen alrededor de mil expedientes y en la Isla son más de cuatro mil; en la Junta 52 hay 23 funcionarios y en la capital solamente siete”, aclaró.
Además de que la Junta con sede en Ciudad del Carmen se creó con fin de ayudar o hacer justicia a la clase trabajadora petrolera; en nada se justifica “porque es una de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador hacerle justicia al trabajador petrolero y a Ciudad del Carmen por ser el productor más importante del país, por lo que es incongruente que al ser una junta con mayor carga laboral no se le quiera hacer justicia a la clase trabajadora de la Isla. “Mientras no haya un acuerdo con las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) esta Junta seguirá sin ejecutar audiencia laborales.
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JG