Por sus recursos naturales, la riqueza de sus tierras y el atractivo turístico que representa para el país, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) considera un “foco rojo” a la Península de Yucatán, por los múltiples acechos de proyectos privados que impactan a la flora y fauna propia de la zona.
Desde 1993, el CEMDA comenzó a asesorar, promover y defender el derecho humano a un medio ambiente sano, derecho reconocido en la Constitución Política de México.
Casi 28 años después de su fundación, la asociación civil inició una campaña de donativos para financiar la capacitación y el respaldo legal a 10 regiones del país; cuatro están en la Península.
Margarita Campuzano, Directora de Comunicación y Relaciones Públicas, explicó que desde hace 20 años se tiene interés en la defensa de los recursos naturales peninsulares. En 2001, el Centro abrió su primera oficina fuera de Ciudad de México, en Quintana Roo.
“La segunda oficina se abrió en la zona, dada su importancia y las amenazas de desarrollos turísticos, inmobiliarios y hoteleros. Es una zona que requería muchísima atención. Gente local se nos acercó por nuestra característica: tenemos abogados, y es lo que hacía falta en ese momento”, dijo Campuzano.
Para esta campaña, la asociación está enfocada en 10 regiones del país, con proyectos o grupos de defensores ambientalistas: La Paz y Cabo Pulmo, en Baja California Sur; Santiago Ixcuintla-Río San Pedro, en Nayarit; Valle de Bravo, Estado de México; Cuetzalan, Puebla; y Veracruz, Veracruz.
En la Península, los puntos son la selva maya en Hopelchen y Calakmul, Campeche, y que también considera la colindancia con Yucatán. Además de Cancún y Holbox, Quintana Roo.
“Se creó una red de defensores ambientales a lo largo de México y ahora pueden proteger su tierra y su patrimonio natural, utilizando los mecanismos de defensa ecológica para acceder a la información y a la participación. Son conscientes de sus derechos y capaces de defenderlos, con un beneficio sostenible a largo plazo”, menciona la descripción de la campaña en el portal Global Giving.
Otro factor que preocupa a la asociación, es el incremento de la violencia en Quintana Roo, aunque más allá de la zona urbana, les apremia las garantías de quienes viven en las comunidades rurales.
“En los últimos años, hemos visto un aumento del riesgo para los defensores ambientalistas. Cancún se volvió una zona agresiva y preocupa la gente de las comunidades, quienes están realmente amenazadas porque son los que enfrentan a los gobiernos locales, al crimen organizado, a las grandes compañías y no tienen mecanismos para defenderse”, agregó.
Margarita Campuzano aclaró que muchos de los defensores están dentro del programa de protección de la Secretaría de Gobernación, pero “les dan un botón de pánico y no funciona. En las comunidades, a veces no hay luz ni Internet o les asignan una patrulla que les queda, quién sabe a cuántos kilómetros”.
Otra situación común entre su activismo es que las personas ignoran que son defensores del medio ambiente y “sí, porque estás protegiendo su río o selva”. Lo que ellos buscan es que estos grupos locales no sean criminalizados y que se tome en serio la violencia y las agresiones contra ellos.
“La policía local no persigue estos casos como debe ser. Piensan que se trata de un asesinato aislado o que había rencillas; no le dan la importancia o el tratamiento que merece. No se reconoce que son agresiones contra activistas, no hay política pública. Las mismas empresas que quieren imponerse, criminalizan la protesta. Por eso los comenzamos a capacitar sobre la ley nacional e internacional, así como la manera de presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para reclamar sus derechos”, señaló.
La defensa del manglar quintanarroense
Uno de los proyectos impulsados es la defensa del manglar de Tajamar, en Cancún. Este proyecto fue iniciado desde el año 2003, en el sexenio de Vicente Fox, y consistía en la edificación de un desarrollo turístico en un Área Natural Protegida.
Según un informe interno del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), al que Por Esto! tuvo acceso, los primeros permisos fueron gestionados por su titular, Jon McCarthy.
Antes de concluir el sexenio de Fox e iniciar la sucesión a la administración de Felipe Calderón, se aprobó el cambio de uso de suelo, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo la dirección de José Luis Luegue Tamargo.
Para 2016, con estos permisos de vigencia renovada, sexenio tras sexenio, se comenzó a talar un área natural del manglar de Tajamar, en la Zona Hotelera de Cancún.
La obra fue detenida ante el reclamo de ciudadanos y hubo un proceso jurídico, de dos años, cuyos tribunales resolvieron, en 2017, detener la obra.
A partir de esta lucha, el Centro reconoce que hay avances y conciencia entre empresarios y miembros de la sociedad civil. “Hay que decirlo, no siempre es una batalla sin solución, hay empresarios que entienden y quieren hacer las cosas bien y pues cambian su desarrollo a otro lugar y se logran acuerdos”.
En Cancún, ante los desarrollos hoteleros, “tenemos mucho acercamiento con los promotores, muchísimas mesas de trabajo, consejos técnicos, participación de personajes de la comunidad, de todos los niveles de Gobierno, actores privados, organizaciones. Si es una zona de manglar, se mueven a otro lado, se hace una MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) más exhaustiva. Pero si hay devastación y no se tomó en cuenta a la gente, pues ya entramos de manera legal y solicitamos que se cancelen las obras”, agregó.
En el caso de Holbox, ellos han pugnado por la defensa del manglar de la isla. “Hemos llevado cualquier cantidad de caso, como hoteles que no tenían MIA, que ese es uno de los principales problemas en la isla, la destrucción del manglar. Estuvimos en todo el proceso de la creación del Programa de Manejo de Holbox.
Campeche y la selva maya
Los recursos obtenidos en esta campaña de recolección monetaria fueron enfocados para personas de Veracruz y la Península, específicamente en Campeche, donde se defiende gran parte de la selva donde habitan indígenas mayas.
CEMDA, hace seis meses, denunció públicamente a un grupo privado que extorsionaba a los ejidatarios de Hopelchén y Calakmul, para que vendieran sus terrenos. El caso sigue en monitoreo legal.
En su último informe sobre el estado de los defensores de la naturaleza, se identificaron en la zona ocho agresiones; siete en Campeche y una en Quintana Roo, hasta el corte de 2020.
La organización pretende obtener 13 mil dólares en la colecta internacional, pues ya llegaron a la meta de 11 mil, mismos que beneficiaron a 300 personas en la Península, con capacitación legal.
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JG