El 77.6 por ciento de las adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con la misma que se efectuaron en el trienio de Eliseo Fernández Montúfar como presidente municipal de Campeche, fueron otorgados de forma directa, ya que de los 250 contratos totales, 209 no tuvieron “necesidad” de realizar un concurso; además, sólo el ocho por ciento fue por medio de una invitación a cuando menos tres personas o solicitud restringida, el 6.8 por ciento a través de licitación pública nacional y el 1.6 no especificó de qué forma se entregó.
Lo anterior fue evidenciado en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 2021 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Aunque siempre lo negó, el “amiguismo” imperó en la administración municipal encabezada por el autonombrado “Súper Alcalde”, quien de acuerdo con el Inegi, el alcalde que se mudó del Partido Acción Nacional (PAN) a Movimiento Ciudadano (MC) entregó un total de 250 contratos, de los cuales 290 correspondieron a adquisiciones, arrendamientos y servicios y 31 para realización de obra pública y servicios.
De los primeros, se detalla que 194 se dieron por adjudicación directa; ocho más por medio de invitación a cuando menos tres personas o invitación restringida, y 17 entraron a concurso por medio de licitación pública nacional.
En lo que respecta a la obra pública y servicios, se entregaron 31 contratos de los cuales 15 se emitieron por adjudicación directa, 12 por invitación a cuando menos tres personas o solicitud restringida, y no hay ninguna licitación pública nacional ni internacional, pero lo que llama la atención, es que aparecen cuatro adjudicaciones que no cuentan con especificación alguna.
A nivel nacional, Campeche fue uno de los Estados que menor presupuesto ejerció –según la tabla Presupuesto Ejercido por las Administraciones Públicas Municipales– durante 2020, al colocarse en el puesto 28 con 5 millones 733 mil pesos, sólo por arriba de Tlaxcala que tiene 4 millones 602 mil; Colima con 3 millones 552 mil; y Baja California Sur que ejerció 3 millones 310 mil pesos.
De las entidades que conforman la Península de Yucatán, Quintana Roo es el que más gastó su presupuesto en estas áreas, ya que se ubica en el lugar 20 con 11 millones 542 mil pesos y Yucatán en el sitio 22, con 8 millones 925 mil pesos.
Encabezan la lista la Ciudad de México con 39 millones 408 mil pesos y Jalisco con 38 millones 559 mil.
De acuerdo con los porcentajes de adjudicaciones directas, se puede notar en la tabla del Inegi que la capital de Yucatán es el municipio más “amiguero”, ya que el 99 por ciento de los contratos de obra se entregaron de forma directa, de los 8 mil 533 proyectos, 8 mil 448 no tuvieron que ser revisados ni participaron en concursos.
Gastos de municipios
En segundo lugar, se encuentra la capital campechana durante la administración de Eliseo Fernández Montufar que entregó el 77.6 por ciento de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de obra pública y servicios de modo directa. De los 250 contratos totales, 209 fueron otorgados sin necesidad de realizar un concurso.
Le sigue el municipio Lázaro Cárdenas, que entregó 184 de los 243 contratos de manera directa, lo que representa el 75.72 por ciento. En cuarto sitio se encuentra el ayuntamiento de Benito Juárez, que dio a sus amigos el 68.54 por ciento de las obras, ya que de las 213 entregó 146 de modo directa. En el quinto sitio se encuentra el municipio de Solidaridad que otorgó 168 contratos directos de los 265 totales, lo que significa un 63.4 por ciento, todos de Quintana Roo.
Lo anterior, según el abogado Agustín Ruiz, es una práctica que difícilmente se podrá combatir, pues en las mismas leyes existen vacíos legales que son aprovechados por estos funcionarios, “dependiendo de los lineamientos del ente que promueve la licitación, uno de los más comunes, es que las obras que se asignan, se hacen por un monto similar al límite establecido; por ejemplo, si para asignar una obra de manera directa no tiene que pasar la cantidad de un millón de pesos, la licitación de hacer por 950 mil, pero en diversas obras o tramos se puede ver como un ‘vacío legal’, o en su caso, manejar la ley a conveniencia”, detalló.
Explicó que “la esencia del artículo 134 de la Constitución, en primera instancia es que los recursos de cualquier ente público sean ejercidos debidamente, ya sean del Municipio, del Estado o la Federación, pero además prevé que las licitaciones en obra pública deben hacerse de forma libre, en una subasta o por convocatoria, para que los interesados puedan presentar sus proyectos, y que la institución que está realizando la licitación pueda elegir la mejor opción, entre calidad, precio, materiales a utilizar y diversos factores que evalúan, pero estos dependen de lo que se licite”.
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JG