Los conflictos ambientales han aumentado en el Sureste de México. En la Península de Yucatán, principalmente, los proyectos de privados han generado una serie de problemas y agresiones para quienes se oponen. Durante el 2021 los registros de atentados contra defensores aumentaron en los tres estados y contra indígenas mayas, como el grupo más vulnerable a nivel nacional.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asociación civil con 28 años de experiencia en asesoría jurídica a grupos ambientalistas, informó sobre los datos a nivel nacional.
La presentación del informe “sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales” durante el 2021 revela un panorama complicado para los activistas. El año pasado hubo 25 asesinatos en el país, frente a los 18 que sucedieron en el 2020.
No sólo eso, el total de agresiones aumentó en un 66 por ciento de un año a otro. Durante el informe del 2020, hubo 65 episodios; mientras en el 2021, se reportaron 108.
“En esta edición se documentó como la agresión más común la intimidación, con 65 registros (27.31% del total); seguida por el hostigamiento, con 36 (15.13%); las amenazas, con 31 (13.03%); las agresiones físicas, con 24 (10.08%) y los homicidios, con 22 registros (9.24%), entre otros”, dice el informe.
Durante la presentación del documento, los representantes advirtieron que la mayoría de los conflictos a nivel nacional son generados por entes privados o por casos donde los agresores son personas vinculadas al crimen organizado.
La Península no fue la excepción. Los datos revelan que Yucatán ocupa el primer lugar en agresiones a defensores de la naturaleza, con 10 casos durante el 2021. Le sigue Quintana Roo, con cinco, y finamente Campeche, con dos casos de acoso contra este tipo de personajes.
Gabriela Carreón Lee, una de las autoras del informe, advirtió que durante el año que concluyó detectaron eventos de violencia vinculados a los proyectos “de granjas porcícolas en Homún. Y otra situación fue el tema de la instalación de la industria fotovoltaica. Fue muy evidente el aumento de las agresiones en Yucatán, tiene que ver porque en el 2021 hubo actividades importantes contra estos proyectos”.
Además de conflictos ejidales por la construcción del Tren Maya en diferentes puntos de la ruta en toda la Península, que se están debatiendo en los tribunales correspondientes.
El CEMDA argumenta que existe impunidad en la resolución de los casos de agresiones y asesinatos de estos promotores de la naturaleza.
“Destaca la lentitud y omisión del poder judicial para resolver los conflictos socioambientales que han sido llevados ante tribunales. Además, en algunos casos contribuye a convalidar actos de criminalización en contra de personas defensoras. (…) persisten fiscalías omisas en su obligación de investigar hechos de violencia; finalmente, destaca la ineficacia de los mecanismos de protección de personas defensoras para desarrollar su labor”, dice parte de la presentación.
Mayas, los más vulnerables del país
En el apartado indígena, el CEMDA destaca que los mayas en la Península es el grupo más agredido en el país. Le siguen los zapotecas de Oaxaca. Las agresiones contra personas de extracción indígena representaron el 36.4 por ciento del total.
“Se destaca que las comunidades más asediadas son los mayas y zapotecos, teniendo 21 agresiones cada uno. Para las comunidades mayas, la intimidación, las amenazas y el hostigamiento representan las principales agresiones perpetradas con 7, 6 y 4 registros, respectivamente. Las comunidades zapotecas registran que la intimidación, el hostigamiento y la criminalización fueron las agresiones mayoritariamente cometidas, con registros de 7, 6 y 3 respectivamente.
Las comunidades indígenas que fueron agredidas son: Homún, en mayo, contra la instalación de granjas porcícolas, problema que hasta el 2022 continúa. Además de Kinchil, Celestún, Maxcanú, San Fernando, Kinchil y Celestún, en el mes de julio, caso vinculado a un desarrollo industrial.
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JG