En México hay 125 sitios en 23 entidades federativas donde se han usado plaguicidas para diversas actividades productivas. En este contexto, la Península de Yucatán concentra el 18.4 por ciento de ese total, es decir, 23 lugares que tienen algún nivel de contaminación con este tipo de químicos, región en la que sólo un estado concentra casi el 15 por ciento en todo el país.
Campeche encabeza la lista de las entidades con más sitios identificados por posible contaminación ambiental por uso de sustancias químicas utilizadas para control, prevención y destrucción de plagas, que afectan especialmente las plantaciones agrícolas, de acuerdo con el Diagnóstico Sobre la Contaminación por Plaguicidas en Agua Superficial, Agua Subterránea y Suelo, realizado en el 2019 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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Además, el tipo de sitio en el que se ubican la mayoría de los reportes de contaminación por plaguicidas y herbicidas corresponden a cuerpos de agua como pozos, ríos, lagos, lagunas o sistemas costeros y zonas agrícolas. En el caso de Yucatán y Quintana Roo, concentran el 4 por ciento del inventario de sitios reportados a nivel nacional; se contabilizan dos y tres sitios, respectivamente.
También, en el caso específico de Campeche, se realizó un estudio que solicitó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) para evaluar la presencia de glifosato en zonas cercanas a los terrenos donde se cultiva soya transgénica. Por esta razón esa entidad tiene el mayor número de sitios estudiados.
Gobierno VS Glifosato
A propósito del glifosato, el 31 de diciembre del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto mediante el cual se instruye a las instituciones de la administración pública a eliminar de manera gradual el herbicida, así como otras sustancias químicas que lo contengan en sus fórmulas.
Asimismo, en el DOF el Gobierno de México argumentó que “en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer”.
En ese tenor, el decreto instruye a la Semarnat, a las secretarías de Salud y de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a que en el primer semestre del año 2023 promuevan reformas “para evitar el uso de glifosato como sustancia activa de agroquímicos y de maíz genéticamente modificado en México”.
Sin embargo, ante la medida precautoria emitida por el Gobierno de México, la empresa trasnacional Monsanto obtuvo un amparo emitido por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, así lo dio a conocer la Semarnat. En ese sentido, la autoridad ambiental expuso que lo anterior “sólo beneficia a una empresa privada transnacional y no tomó en cuenta el perjuicio a la salud de los mexicanos por el uso de este herbicida, lo cual está demostrado en investigaciones médicas y científicas”. Por tanto, la Secretaría buscará impugnar el amparo a través de un recurso de revisión.
Contaminación ambiental por químicos
Por otro lado, aunque la autoridad ambiental reconoce que no existen datos oficiales sobre las cantidades de plaguicidas que se usaron en México durante las administraciones de Gobiernos pasados, para este estudio la Semarnat recurrió a más de 20 instituciones académicas del sector público que ya habían documentado este problema para indagar sobre la situación de contaminación del agua y el suelo por dichas sustancias.
De esta manera, los expertos encontraron que en 23 entidades hay al menos 41 reportes de posible contaminación con plaguicidas en agua: 33 para cuerpos superficiales y ocho subterráneos, analizados en 56 y 26 sitios, respectivamente. Además, también se integraron otros 19 estudios para suelos en 43 lugares.
Ahora bien, en el caso de agua superficial se tomaron en cuenta ríos, canales de riego, lagunas, sistemas costeros, zonas costeras, tomas de la red de abastecimiento municipal, presas y descargas de agua residual; para el agua subterránea se analizaron pozos y manantiales. Mientras que para el suelo se incluyeron áreas agrícolas, urbanas y semiurbanas y lechos de arroyos secos. Eso sí, la Semarnat reconoce que además de los posibles daños a la salud de la población, también el uso de plaguicidas ha provocado efectos negativos en el medio ambiente.
“Es importante reconocer que el uso de plaguicidas también ha traído consecuencias negativas para el medio ambiente, los cuales derivan no sólo de la aplicación con fines agrícolas, sino que son la suma de todos los usos de estas sustancias, incluidos el pecuario, el urbano, el industrial, el doméstico y en campañas de salud pública, que se traducen en impactos negativos, concretamente la contaminación de los diferentes compartimentos ambientales, en particular el agua y el suelo”, señala en el diagnóstico la Semarnat.
16 productos peligrosos
Sobre las políticas internacionales en esta materia, la autoridad ambiental refiere que México está suscrito al Convenio de Estocolmo, el cual considera 16 plaguicidas peligrosos, así como el Convenio de Rotterdam, que contempla 32 sustancias químicas de este tipo, además de tres fórmulas “extremadamente peligrosas”.
También, nuestro país participa en el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de los Productos Químicos (SAICM, por sus siglas en inglés), el cual ha considerado la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, así como su sustitución por “alternativas más seguras”. En el diagnóstico también mencionan que existen opiniones que señalan que es posible lograr niveles de producción agrícola a través de sistemas que dependan menos o que no dependan de estas sustancias químicas, “como la agricultura orgánica o la agroecología”.
Los plaguicidas son sustancias diseñadas para controlar y destruir grupos específicos de organismos considerados como plagas; químicos que son moléculas que se caracterizan por ser tóxicos con otros seres vivos. “Por este motivo, deben estar sujetos a una regulación estrecha, que busque minimizar los riesgos que se puedan derivar de su manejo, sin afectar las actividades productivas”, comenta la autoridad ambiental.
En ese sentido, determinar la magnitud de la contaminación del agua y el suelo por pesticidas “resulta esencial para dimensionar otros impactos asociados entre los que se incluyen los daños en la salud humana y de otras especies, el deterioro de los ecosistemas y los servicios ambientales que brindan, así como la pérdida de biodiversidad”, explica la Semarnat.
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JG