En sesión virtual la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió dos proyectos de medidas cautelares: uno por presunta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) ejercida en contra de 20 diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otra por aparente uso indebido de la pauta y calumnia en contra del partido Morena.
20 diputadas federales denunciaron a Layda Elena Sansores San Román, gobernadora constitucional del estado de Campeche, a Erick Reyes León, Delegado Presidente de Morena en Campeche, al partido político Morena, a diversos influencers, y a quien resulte responsable, por la presunta comisión de actos constitutivos de VPMRG en su perjuicio, derivado de la publicación y difusión de diversos contenidos en redes sociales por distintos perfiles de internautas, con motivo de diversas expresiones que realizó la gobernadora de Campeche en donde aseguró tener fotografías que legisladoras priistas habrían enviado al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno.
Por esta razón solicitaron medidas cautelares en la modalidad de tutela preventiva, con el objetivo de que se solicite a las personas denunciadas a que no continúen difundiendo propaganda que actualice actos de VPMRG.
También presentaron como medidas de protección:
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- Prohibición de comunicarse con las víctimas
- Limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas o lugar determinado
- La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a las víctimas o a personas relacionadas con ellas.
La Comisión de Quejas concluyó que, en apariencia del buen derecho, 61 publicaciones (9 en Facebook, 10 de YouTube, 39 de Twitter, 1 de Telegram y 2 de Zylike) tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes.
En apariencia del buen derecho, las expresiones analizadas contienen elementos misóginos y discriminatorios por razón de género en perjuicio de las diputadas denunciantes, en tanto que tienen como objeto ofender, denostar, descalificar y cosificar a las denunciantes.
Por lo anterior, se ordena a los involucrados, para que, de inmediato y en un plazo que no podrá exceder 3 horas, retiren las publicaciones denunciadas.
Asimismo, se determinó procedente la tutela preventiva, pues existe un indicio que probablemente dichas manifestaciones se sigan emitiendo, por lo que se considera que existe un riesgo actual y real, de que las personas denunciadas -con excepción a la Gobernadora de Campeche, en atención a que la Sala Superior en el Acuerdo SUP-JDC-613/2022 ya ordenó similares medidas a la denunciada- incurran nuevamente en posibles vulneraciones a los principios constitucionales y legales en materia de VPRG.
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AN