De 13 municipios nueve reconocen tener laudos superiores a los 112 millones de pesos, de estos, dos representantes (Carmen y Champotón) desconocen el estatus financiero de las Comunas; dos más Dzitbalché y Seybaplaya sólo poseen demandas laborales. En el caso de los Ayuntamientos de Hecelchakán y Calkiní este año serán embargados edificios públicos con mobiliario e incluso vehículos de uso oficial.
En el borde
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Hecelchakán es el que posee la mayor deuda en el estado por 34 millones de pesos en 2022, si no entrega los recursos para este año, José Dolores Brito Pech adelantó que tendrá que tomar medidas “extremas” como el recorte de personal y disminuir la prestación de servicios públicos, es decir, sacrificará al personal para proteger su fuero.
“Nosotros prácticamente ya estamos en el proceso de la ejecutoria, porque el juez ya emitió el fallo de que tenemos que pagar, y si no nos dan los recursos por parte del Gobierno del Estado o del Congreso, con la pena, vamos a tener que despedir al 50 por ciento de nuestra plantilla laboral, porque si no, a mí y al Cabildo nos van a desaforar”, refirió.
Aunque con una cantidad significativamente menor, pero con las instancias legales agotadas, el Ayuntamiento de Calkiní que preside Juanita Cortés Moo reconoció que no pudo cubrir siete millones de pesos en 2022, y, para febrero del 2023, tendrá que entregar el edificio que alberga al DIF municipal, incluyendo equipo de cómputo, vehículos, papelería, entre otros más, y el pago restante deberá ser con recursos económicos asignados para este ejercicio fiscal.
Otros Ayuntamientos deudores
Con la segunda cantidad más elevada en laudos continúa Tenabo que preside Karla Uc Tuz, por 28 millones de pesos, con el concepto de despidos injustificados que no ha podido solventar; adelantó que ha tenido que entrar en negociaciones con los líderes sindicales en turno para mediar la situación, ya que hacer el desembolso de dicha cantidad implicaría la afectación a los servicios que brindan.
En Calakmul, Luis Alvarado Moo expuso que posee laudos decretados por autoridades laborales por 12 millones de pesos, se trata de demandas promovidas por 19 personas desde hace al menos tres trienios, además de cinco demandas en los juzgados locales que siguen esperando cuál será su proceder.
En cuanto al resto de los municipios, Candelaria posee un laudo de nueve millones de pesos proveniente del 2014, podría ser solventado con la entrega de bienes inmuebles de la Comuna, así como 20 demandas laborales que ascienden a 20 millones de pesos; Hopelchén, con cinco millones de pesos pendientes en laudos; Palizada posee dos millones de pesos en laudos y 212 demandantes que están en proceso de definir la procedencia de sus documentos; Campeche cuenta con ocho millones de pesos pendientes en laudos que datan desde hace más de 12 años, sin riesgo de embargo; Escárcega con cuatro laudos que datan de más de 20 años, dicha cantidad asciende a más de siete millones de pesos, y 200 expedientes de trabajadores pendientes de análisis.
Por su reciente creación, Seybaplaya y Dzitbalché sólo poseen demandas laborales con 15 y cuatro, respectivamente, a la espera de que el juez en materia laboral dictamine la procedencia de los mismos.
Tampoco sabe
En tanto, el secretario del Ayuntamiento de Carmen, César Marín Reyes, cuestionado ante las deudas de la Comuna, reconoció que poseen laudos que no han sido cubiertos, sin embargo, respondió que desconoce la cantidad, ni si hay riesgo de embargos procedentes de los adeudos hacia los extrabajadores, al intentar saber cuántas demandas posee la Comuna, indicó que tampoco sabe.
De igual forma respondió el secretario del Ayuntamiento de Champotón, Javier Moo May, al desconocer la cantidad de laudos pendientes en la Comuna, así como las demandas laborales que obran en los tribunales.
En caso de que los entes públicos incumplan con el pago de los recursos, la Ley Laboral establece en el artículo 731 que las medidas sancionadoras podrían ir desde la multa, la presentación con la persona con auxilio de la fuerza pública y el arresto hasta por 36 horas.
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JG