Pese a que los campechanos demandan más y mejor servicio de transporte de camiones urbanos y de taxis, la presidenta de la Comisión Especial de Movilidad del Congreso del Estado, Landy María Velásquez May aseguró que no se permitirá la entrada de Uber a Campeche por ser extranjeros.
Advirtió que la Ley General de Movilidad prohibirá el ingreso de plataformas digitales que oferten el servicio de transporte en la entidad, y reconoció que el Foro de Movilidad que se realizó en 2022 sólo fue para conocer las carencias de los transportistas, pero no fue posible escuchar todas las demandas de la ciudadanía.
Cuestionada respecto a la diversificación de los servicios de transporte que hay en Campeche, dada la inconformidad de ciudadanos ante el mal estado de las unidades, así como el maltrato que brindan choferes de urbanos y taxistas, respondió que no está previsto el ingreso de Uber en la nueva Ley de Movilidad, ya que son una “competencia desleal” para los transportistas campechanos.
“La entrada de Uber no será de beneficio para la población campechana, ni para los transportistas, podemos remediar esa entrada de prestadores de servicio al hacer que las cosas se hagan bien, pero los que se tienen que beneficiar son los concesionarios locales que son los que llevan más tiempo trabajando y no alguien de fuera, porque los concesionarios son quienes conocen la realidad en el Estado”, señaló.
Velásquez May también aceptó que para evitar un conflicto similar al que ocurrió en Quintana Roo las autoridades en el Estado no deben replicar las mismas actuaciones que hubo en el municipio Benito Juárez, no deben “desplazar” los servicios locales, aun cuando continúan deplorables tanto en el trato, como en el status de las unidades, aunado a la calidad del viaje que ha llegado a exponer la vida de usuarios, peatones y conductores.
Ley en curso
La legisladora adelantó que la elaboración de la Ley de Movilidad que será presentada en mayo próximo no tiene prevista la incorporación de plataformas digitales como Uber, Cabify y Móvil Move, por lo que los usuarios sólo podrán acudir a las 22 agrupaciones de taxistas y de camioneros para trasladarse, pese a las denuncias constantes por mal trato, condiciones deplorables e incidentes recurrentes de las unidades en servicio.
De acuerdo con el Programa Institucional de Movilidad Urbana 2016-2021, que elaboró el Instituto Estatal del Transporte (IET) en conjunto con la extinta Secretaría de Planeación (Seplan), en el Estado fueron identificados 2 mil 856 automóviles habilitados para transporte público en su modalidad de taxis, el 76.37 por ciento, es decir, 2 mil 181 unidades están divididas entre Carmen con mil 337 y Campeche con 844.
Al preguntar cual será el mecanismo que aplicará el Congreso del Estado para coaccionar al IET, o en su caso a los concesionarios, balbuceó al responder, por lo que María Velásquez May sólo se limitó a decir que “una de las medidas que habrá que implementar es la concientización de los conductores y de los concesionarios, así como de las mesas de diálogo”, pese a que estas han sido realizadas por administraciones anteriores sin que haya cambio en el servicio.
Refirió que para conocer las necesidades de los usuarios se realizaron los Foros de Movilidad, para que ahí, los integrantes del Poder Legislativo identifiquen las carencias e insuficiencias de los transportistas; sin embargo, aun cuando los ciudadanos externaron sus demandas, en el 90 por ciento de los foros no hubo habitantes de los municipios, ya que en la mayoría de las actividades sólo hubo personal operativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Tampoco acudieron todos los representantes de los concesionarios.
En 2016 se realizó el primer intento de Uber para entrar a Campeche con 90 unidades dadas de alta en la plataforma, sin embargo, con Candelario Salomón Cruz como director del IET, en compañía de algunos taxistas emprendieron una “cacería” contra los prestadores del servicio que tuvo como saldo el primer aseguramiento de más de 45 automóviles habilitados, que luego de dos semanas de “operativos” la cifra ascendió a cerca de 82 unidades confiscadas.
Tras el aseguramiento los propietarios de los vehículos tuvieron que cubrir el costo de al menos 100 mil pesos de multa para recuperar sus unidades; durante casi dos semanas algunos taxistas se hicieron pasar por usuarios para asegurar a los conductores y vehículos que siguieran operando, por lo que Uber dejó de prestar servicio en el Estado.
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LV