El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Jorge Pérez Falconi, aseguró que las autoridades del Estado deberán investigar y solucionar la ingobernabilidad que impera en los Centros de Reinserción Social (Cereso) en Campeche, ya que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) reveló que los reclusos han tenido que pagar por alimentos, camas o cobijas, lo que contraviene una estancia digna para los sentenciados.
“Las autoridades tienen que hacer su trabajo, tienen que llegar a fondo para identificar si son cuestiones aisladas o en su caso, existen mafias al interior de los propios Ceresos, porque también el Inegi reveló que hay casos donde se coartan los derechos básicos de las PPL”, dijo.
Cabe recordar que, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria reveló que los Ceresos de Campeche tienen la presencia de actividades ilícitas, así como insuficiencia de personal de seguridad y custodia, que en el mismo sentido deriva en la falta de capacitación del personal penitenciario que resguarda la seguridad de los reclusos.
Aseguró que con las observaciones que realizó la CNDH a los Ceresos de Campeche y Carmen, las autoridades en la materia deben de tomar las acciones necesarias para que sean las autoridades penitenciarias quienes tomen las riendas de la operatividad en los penales del Estado, ya que calificó como “indebido” que haya un gobierno entre los reclusos y el personal custodio.
También, precisó que el Poder Legislativo en Campeche es quien aprueba la asignación de recursos para ejercer al Gobierno del Estado, por lo que para el próximo ejercicio fiscal, tanto la Secretaría de Gobierno, en conjunto con el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), tendrán que destinar una partida para la contratación, así como la capacitación de los custodios que requieren los Centros Penitenciarios.
Pérez Falconi indicó que es responsabilidad de las autoridades en el Estado que los Centros de Reinserción Social cumplan su cometido, que no es tener encerrados a los delincuentes en una celda, sino garantizar que al cumplir con su pena, puedan ser reinstalados en la sociedad como ciudadanos que puedan aportar al desarrollo de la Entidad, ya que de lo contrario, además de tener calificaciones reprobatorias, los reclusos saldrán nuevamente a delinquir.
Sin embargo, adicionalmente al resultado de la CNDH, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) de Campeche en su última edición del 2021, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), reveló que el Estado ha mostrado reincidencia en la comisión de delitos, ya que el 51.6 por ciento, es decir 603 integrantes de la población privada de la libertad en el Estado de Campeche, con antecedentes penales, fue sentenciada por el delito de robo la última vez que fue juzgada, mientras que 132 internos, el equivalente al 11.3 por ciento, fue sentenciado por homicidio.
Además, respecto a las expectativas de reinserción a la sociedad, solamente en el Estado de Campeche el 48.4 por ciento de los PPL, es decir, 565 internos, reconocieron que el haber estado recluido en un centro penitenciario afectará sus posibilidades de reintegrarse al ámbito laboral una vez cumplida su condena.
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GC