La demanda de irregularidades financieras se convirtió en un tema político y personal al demostrar a los inconformes que no hay desvío de recursos en el pago a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que la bomba cuente con energía y dote de agua potable a la comunidad aseveró la presidenta de la Junta Municipal de “Felipe Carrillo Puerto”, Gricelda Puc Valverder.
Lo anterior, al presentar denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) y en la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECam) por privación ilegal de la libertad, lesiones, entre otros delitos, luego de los enfrentamientos entre simpatizantes y pobladores que cuestionan su desempeño.
Cabe recordar que un grupo de habitantes, simpatizantes de Morena la acusan de no pagar los 800 mil pesos a la CFE y de vender pipas de agua potable a las empresas que laboran en la construcción del Tren Maya.
Del zafarrancho del jueves por la noche Puc Valverde explicó que convocó a una asamblea informativa a la población, “con la finalidad de aclarar algunos asuntos con las publicaciones de un grupo de personas que han estado diciendo donde están los recursos”.
Estimó que asistieron alrededor de 300 personas aunque en cierto momento suben a donde se encontraba, dando su explicación y “me agreden físicamente, son dos mujeres, que ya han sido identificadas”, además de su familia y personal que labora en la junta municipal.
Precisó que por ello acudió a la Codhecam y posteriormente interpondría la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Indicó que se les permitió externar sus inconformidades e incluso hasta que permanezcan en las instalaciones de la Junta Municipal que tiene tomada.
Lamentó que no hubiera respuesta de las autoridades policíacas, ya que se les notificó y “no nos dieron el servicio de protección que nosotros pedimos”.
“Hicimos varias llamadas al 911 tengo los números de reporte, también mis empleados, amigos, familia desde Champotón, gente de Carrillo Puerto, estuvo haciendo los reportes y no llegó ninguna unidad al momento”, cuestionó.
Calificó como un tema político e incluso personal las acusaciones en su contra, ya que el adeudo con la CFE y que genera la suspensión del servicio de agua potable es un problema que arrastran de administraciones anteriores y en las dos reuniones que sostuvieron con el Gobierno del Estado, como mediador, pudieron “esclarecer a estas personas que no había ningún desvío de recursos, que no teníamos nosotros, el adeudo no era mío era de administraciones pasadas”.
Insistió que pudo “comprobar que nada de lo que se hablaba era verídico, porque el Gobierno del Estado ha estado trabajando, pues en el acercamiento y en el diálogo con esas personas”.
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JG