Asociaciones civiles deben unirse a la petición de “No al Tarifazo” en el servicio de taxis en Carmen, pues se está lacerando la decadente economía de la población, afirmó Cleotilde Herrera Díaz, defensora de Derechos Humanos, al reconocer que el amparo promovido por el abogado Cristian Romero Ramírez necesita del respaldo de todos los que habitan en el municipio de Carmen, pues dijo que “durante décadas hemos sido víctima de embates económicos por las malas decisiones gubernamentales”.
Luego de que se diera a conocer que el Juzgado Tercero de Distrito deberá dar respuesta a la petición ingresada por el abogado carmelita, Herrera Díaz consideró como una mala determinación elevar la tarifa de taxis empezando el año, cuando la Agencia Reguladora del Transporte en el Estado de Campeche (ARTEC) sabía perfectamente de la difícil situación económica que enfrenta Carmen, sobre todo porque no todos los que viven en el municipio son trabajadores petroleros.
Noticia Destacada
Piden a asociaciones civiles luchar contra el tarifazo de taxis de Ciudad del Carmen
“No se pusieron la mano en el corazón las autoridades. Si la ciudadanía está siendo golpeada, ¿por qué sumarle algo más? No pensaron en la población, pensaron en su beneficio, el aumento a la tarifa está fuera de lugar y de tiempo; hay personas que en ocasiones sólo traen dinero para el camión porque simplemente no tienen para más ¿Cómo le van a hacer los que, por necesidad, sus empleos quedan lejos de donde viven? Obligatoriamente tienen que agarrar un servicio de este tipo “¿Cómo le van a hacer?”, se preguntó.
Para Herrera Díaz, el hecho de que este joven haya salido a defender a su pueblo merece que organizaciones se sumen a la petición de que se revoque el aumento a la tarifa de taxis, ya que no se trata de “satanizar” el servicio, sino de adaptarse a la realidad, pues en esta ocasión se trata de las condiciones económicas existentes y apoyará lo justo, y esto es “No al tarifazo”.
La defensora de derechos humanos señaló que el buen gesto para defender a los ciudadanos carmelitas merece el respaldo de todos desde cualquier trinchera, porque Carmen siempre ha sufrido los daños económicos por las malas decisiones de los gobernantes, y este aumento a la tarifa ocurrió de forma arbitraria en el momento menos adecuado.
Finalmente, confió que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) analizará todos y cada uno de los argumentos planteados por los abogados, porque quienes decidieron esta medida no dieron una justificación válida para realizarla.
Asunto politizado
Al respecto, el director de la Agencia Reguladora de Transporte (ART), Jorge Luis López Gamboa, dijo que la petición de amparo que el ciudadano Cristían Romero Ramírez presentó en contra de las tarifas del servicio de taxis es un acto político ya que el abogado está vinculado a Movimiento Ciudadano.
Romero Ramírez dio a conocer que interpuso un juicio amparo en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, por la posible inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo que autorizó el incremento en las tarifas del servicio de taxis en el municipio, usando como argumento que con base en los artículos 152, 155 y 157 del Reglamento en Materia de Transporte de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Campeche, el Consejo Estatal del Transporte debió analizar las condiciones socioeconómicas prevalecientes en el municipio del Carmen, lo que no hizo.
En un breve pronunciamiento, López Gamboa sostuvo que el proceso para la autorización de las tarifas del servicio de taxis “fue el mismo para Carmen y Campeche”, y sobre todo fue un acuerdo de transportistas.
Además, aclaró que las tarifas no las autorizó en ese entonces el Instituto Estatal de Transporte, sino que fue competencia del Consejo Estatal de Transporte, que en ese entonces presidía la Secretaría de Gobierno. En cuanto al amparo interpuesto por Romero Ramírez, calificó su proceder como un hecho para llamar la atención porque él es una persona relacionada con el partido Movimiento Ciudadano.
En cambio, el presidente del Colegio de Profesionistas de Licenciados en Derecho, Barra de Abogados de Campeche, Francisco Portela Chaparro, aclaró que el Gobierno del Estado es quien tenía la autorización para el aumento o reducción en las tarifas de quienes proporcionan el servicio de traslado de pasajeros y que la legislación debe regir tanto para los municipios de Campeche y Carmen como para todos los que integran la conformación de la Entidad.
JY