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La Audiencia Nacional de España archiva denuncia contra Messi por los delitos de estafa y blanqueo

Sobre las relaciones del denunciante con la Fundación Leo Messi, se hace “un relato exhaustivo y detallado” de su relación con la Fundación a través de la asociación “Por buen camino” a la que dice pertenecer.

Madrid, 30 de septiembre (EFE).- La Audiencia Nacional ha archivado una denuncia que interpuso Federico Rettori , un supuesto colaborador en la Fundación Leo Messi , contra el jugador del Barcelona; su padre, Jorge Horacio; y su hermano Rodrigo, entre otros, por delitos  contables, contra la Hacienda Pública, estafa y blanqueo.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha adoptado esta decisión en un auto al considerar que la mayor parte de los hechos relatados en la denuncia no están corroborados por “un solo elemento personal ni directo”, ya que las afirmaciones que contienen tienen “su origen en una o más noticias periodísticas de diversa índole”.

“Iniciar un procedimiento penal contra los denunciados con el único sustento del artificioso relato referido, carente de verosimilitud, supondría el recurso de investigaciones prospectivas incompatibles con los principios que rigen el proceso penal”, argumenta la juez.

Según la magistrada, lo que hace el grueso de la denuncia es elevar las informaciones en las que se sustenta “a la categoría de ciertos e incontrovertibles los hechos que se describen”, relativos a la constitución y el funcionamiento de la Fundación Leo Messi.

Además, “cada uno de los párrafos en los que se alude a la supuesta dinámica delictiva, con uno o varios enlaces a internet y que relacionan tal contenido con publicaciones digitales” carecen “del más mínimo sustento probatorio”.

El relato de hechos, explica el auto, está dividido en tres apartados: “historial de fraudes en España”, “historial de fraudes en Argentina” y “relaciones del denunciante con la Fundación Leo Messi”.

En lo que se refiere al primer apartado, “cada una de las 13 manifestaciones que se comprenden en el mismo se sustentan en las noticias periodísticas” de las que se ofrece el “oportuno enlace al medio digital en el que, al parecer, se publicaron”.

Por otra parte, los hechos que se dicen “efectuados en Argentina”, según afirma la denuncia, se están investigando en ese país por un juzgado penal económico, “sin concretar su lugar de radicación”.

Considera la juez que tampoco se podría investigar este extremo por sustentarse también, por un lado, en informaciones periodísticas y, por otro, porque al ser supuestamente cometidos en Argentina, no podrían “ser objeto de investigación por la jurisdicción española”.

Sobre el apartado referido a las relaciones del denunciante con la Fundación Leo Messi, se hace “un relato exhaustivo y detallado” de su relación con la Fundación a través de la asociación “Por buen camino” a la que dice pertenecer.

Rettori, según el auto, asegura que los denunciados, entre los que también figuran la Agencia Social Team y el fundador de la misma, Alejandro Rebosio, le hicieron “el ofrecimiento” de “ayudar a su asociación a proporcionarle a él un trabajo, promesas que, según refiere, nunca llegaron a cumplirse”.

Esta parte de la denuncia es la única en la que hace una “descripción personal y directa” de los hechos y en la que se detallan “viajes, entrevistas y proyectos que alega realizó para la Fundación”.

Pese a ser un relato directo de los hechos que se atribuyen a la Fundación, a Messi, a su padre, su hermano y a Alejandro Rebosio y la agencia Social Team, la juez entiende que tampoco “se aprecia la existencia de relevancia penal alguna en tales actuaciones”.

Todo ello sin perjuicio de que si, “como afirma, puede acreditar que tales incumplimientos se han producido,” efectúe “cuantas reclamaciones estime conducentes a su resarcimiento” por la vía civil.

“Una vez constatada suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, la magistrada acuerda decretar el sobreseimiento “sin que haya lugar a la práctica de ninguna diligencia de investigación, que supondría una dilación indebida en dictar una resolución de archivo” y “una vulneración de los derechos de los denunciados”.