En un giro judicial significativo, la Audiencia de Barcelona ha resuelto otorgar la libertad provisional a Dani Alves, el ex astro del Barcelona, condicionada al pago de una fianza de un millón de euros, mientras aguarda la confirmación de su condena a cuatro años y medio de prisión por un caso de violación.
Esta medida ha suscitado un amplio debate sobre las implicaciones de la justicia y las condiciones de libertad provisional.
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Dani Alves, declarado culpable de abuso sexual, jura no fugarse si se le otorga libertad condicional
Alves, quien enfrenta una condena por agredir sexualmente a una joven en una discoteca, podrá abandonar la prisión una vez deposite la fianza establecida.
Como parte de las condiciones de su libertad, deberá entregar sus pasaportes español y brasileño, quedarse en España, y presentarse ante el tribunal semanalmente.
Además, se le prohíbe aproximarse a la víctima, ya sea a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier espacio que frecuente, así como establecer contacto con ella por cualquier medio.
La decisión de la corte viene después de una audiencia en la que tanto la Fiscalía como la acusación particular se opusieron a la libertad de Alves, argumentando que existe un riesgo continuo de fuga dada su considerable capacidad económica.
Sin embargo, la defensa del deportista abogó por su excarcelación mientras el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña evalúa los recursos contra la sentencia.
El tribunal justificó su decisión aludiendo a que el riesgo de fuga se ha reducido tras la sentencia impuesta y considera que las medidas cautelares como la fianza y la restricción de salida del país son suficientes para mitigar este riesgo.
Este razonamiento se basa también en que Alves ha demostrado su voluntad de colaborar con la justicia desde el inicio del proceso.
No obstante, la sala reconoce que, aunque el peligro de fuga persiste, las condiciones impuestas buscan equilibrar este riesgo.
Es importante destacar que Alves ha estado en prisión preventiva durante 14 meses, y el tribunal menciona que mantenerlo en prisión provisional por un tiempo excesivo no sería proporcional, especialmente teniendo en cuenta que la sentencia firme podría demorar en llegar.
Un aspecto crucial de este caso es el voto particular de uno de los magistrados, Luis Belestá, quien discrepó con la mayoría. Belestá argumentó que el riesgo de fuga no solo persiste sino que se ha intensificado tras la condena, subrayando la notable capacidad económica de Alves y su entorno, capaces de facilitar su salida de España si así lo decidiera.
Este magistrado recalca la importancia de garantizar que la sentencia pueda ser ejecutada efectivamente, evitando la posibilidad de que Alves eluda la justicia.
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