La actriz busca que un juez federal obligue a la Fiscalía General de la República a que dé entrada a la reclamación que hizo del pago por supuesta persecución política, de la que afirma fue víctima cuando se le vinculó con “El Chapo”
El Universal.- La actriz Kate del Castillo busca que un juez federal obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) que dé entrada a la reclamación que hizo de un pago por 60 millones de dólares por la supuesta persecución política, de la que afirma fue víctima durante la administración pasada, cuando se le vinculó con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Mediante un juicio de amparo ante el Juez Tercero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, la actriz impugnó la decisión de la FGR de no admitir la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado y las actividades irregulares de la averiguación previa iniciada por la dependencia en el caso de Guzmán Loera. La actriz alegó que el actuar de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que la vinculó con el narcotraficante, le provocó daños a su honor, salud e imagen.
El juez admitió a trámite la demanda de amparo y le concedió la suspensión provisional. De acuerdo con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, Kate del Castillo se reunió con el líder del Cártel de Sinaloa con la intención de realizar una película sobre su vida.
El encuentro ocurrió en octubre de 2015, y también estuvo presente el actor estadounidense Sean Penn, en la sierra de Sinaloa cuando Guzmán Loera permanecía prófugo. A partir de las negociaciones para encontrarse con Kate del Castillo, la PGR comenzó a investigar a la actriz para determinar si recibió dinero del narco para financiar su empresa productora y hasta la marca de tequila que lanzó en Estados Unidos.
Luego de la captura del capo, la revista Rolling Stone publicó una entrevista realizada por Sean Penn al “Chapo”, en la que aparecen ellos dos en compañía de Del Castillo. La actriz mexicana permaneció tres años en el autoexilio ante el temor de ser detenida arbitrariamente por autoridades mexicanas.
El 20 de diciembre de 2018 regresó a México y desde entonces anunció que demandaría a la FGR por 60 millones de dólares por la “persecución política” de la que afirma fue víctima.