Junto con otros problemas nacionales, como la pobreza crónica y degenerativa, la desigualdad sistémica e intencional, la ineficiencia recaudatoria y redistributiva, la injusticia laboral y salarial, etc., la democratización sindical es un asunto pendiente de la Cuarta Transformación (4T).
Además de asunto pendiente, se trata de un compromiso delicado del Estado mexicano que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Graves son la corrupción gubernamental y su inseparable pareja: la impunidad política, así como la irresponsabilidad social del sector patronal en torno a las competencias sindicales y los derechos humanos.
En los últimos 36 años, desde las leyes y las instituciones nacionales se procedió contra los derechos sociales, laborales y salariales del pueblo mexicano. Se propició una desregulación que alentó la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal ante el sector laboral, convirtiéndolos en los dos problemas estructurales más graves de acuerdo con la percepción popular.
Sucedió, paradójicamente, la misma percepción negativa en el caso de los analistas tecnocráticos de los principales obstáculos para las inversiones extranjeras y las competencias nacionales. Y todo fue debido a que el maltrato laboral se tradujo en inseguridades permanentes y violencias ascendentes en las áreas estratégicas de interés mercantil y las zonas vulnerables con reservas patrimoniales de México.
Ninguna instancia federal y menos alguna autoridad central, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo Ponce, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, tomó en serio las percepciones tecnocráticas sobre los derechos humanos y las competencias sindicales. Mucho menos asumió para sí las preocupaciones populares sobre la inseguridad y la violencia en las regiones de nuestro país.
Aunque las esgrimieron en el discurso, es decir, las usaron como propuestas de campañas o como simples pronunciamientos para llegar a los puestos representativos, los candidatos no las asumieron en la práctica cuando les correspondió ejercer desde los poderes estatales. Procedieron así porque, lejos de cualquier compromiso con el sector laboral, solo usaron la inseguridad y la violencia como pretextos para reclamar sobornos a las mafias internacionales y los delincuentes transfronterizos.
Si regresamos a 1982, vemos que más de 36 años han transcurrido desde el inicio de la transición democrática bajo la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal en todo lo social, laboral y salarial. Nadie puede objetar hoy día que no haya sido así.
En estos años, la maledicencia de unos y la omnisciencia de otros, se impusieron al sector laboral como arbitrariedades empresariales desde los acuerdos transnacionales y las juntas federales. Fueron vicios y abusos elitistas que nunca se combatieron desde la democratización sindical, porque se generaron leyes reaccionarias que recibieron aplausos desde los poderes públicos y los sectores privados.
No hubo ninguna democratización sindical contra la corrupción gubernamental y menos contra la irresponsabilidad patronal durante todo este período. Hubo, eso sí, una permanente simulación favorable a los intereses siniestros detrás de la impunidad y la violencia que ocasionaban. Tampoco fue algo debido a gobiernos de izquierda, derecha o centro, sino un problema que resultó ineludible para los partidos empeñados en ser parte del sistema neoliberal o de la dictadura tecnocrática.
No hay gobierno o partido reactivos que hoy día no acuse a otros de ser partidarios de la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal, despreciando todo lo concerniente a los derechos humanos y las competencias sindicales. Esto sucede, especialmente, con el propósito de que estas conductas delictivas sean vistas como algo administrativo y no se intente usarlas para llamar a cuentas políticas a pájaros vividores por despojos y abusos patrimoniales.
La diferencia en tiempos de la 4T es que ahora el problema estructural que integran la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal contra los derechos sociales, laborales y salariales del pueblo mexicano se reparte entre todos los gobiernos ocurridos y los partidos vigentes. Hoy día no se salva nadie que pueda ser acusado, encausado y procesado a demanda de las organizaciones humanistas y sindicales.
Sea a través del desvío de recursos públicos, de la asignación directa de contratos privados, de la creación de membretes fantasmales, de la recepción de fondos ilegales para campañas electorales, del uso discrecional del presupuesto público o de la utilización clientelar de los programas sociales, etc., no hay sujetos de los sectores público o privado que puedan no ser indiciados, debido a la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal.
Y aunque aún son pocos los gobernantes, funcionarios y empresarios investigados, perseguidos y sancionados, no cabe duda de que el combate a corrupción gubernamental y a la irresponsabilidad patronal en los derechos sociales, laborales y sindicales es ahora un asunto realmente relevante de democratización sindical.
AMLO ha sido el único gobernante que ha logrado posicionarse ante los sindicatos y los trabajadores como autoridad capaz de combatir la corrupción gubernamental y la irresponsabilidad patronal. Su éxito radica en tener una imagen de honestidad personal y compromiso público con el sector laboral, que no ha logrado ser eclipsada por alguna plataforma sectorial, como la de la Coparmex, y menos por las partidistas del PAN, PRI y PRD.