No es casual que Yucatán no sepa qué hacer ante la pandemia de COVID-19 en México. No lo es porque se ha visto claramente que el gobierno yucateco, los demás poderes estatales, los sectores privados, los cabildos municipales, etc., no han tenido determinación humanística ni compromiso social para enfrentarla como lo que realmente es: ¡una grave crisis sistémica!
Ciertamente, no se asume la existencia de la pandemia como grave crisis sistémica en nuestro Estado, a pesar de que las amedrentadas autoridades, las desaparecidas instituciones, las maltratadas empresas, las abandonadas organizaciones, etc., padecen los estigmas sanitarios y los latigazos ecónomicos del nuevo coronavirus.
La negación pública de la dimensión de la emergencia pandémica se hace evidente cuando el impacto devastador del COVID-19 es reducido por el Gobierno estatal y los cabildos muncipales a la simpleza de un asunto sanitario que debe ser sometido administrativamente por el encierro doméstico y el control policial para ser atendido a distancia.
Negación de la pandemia de COVID-19 como una grave crisis sistémica
La carencia de una estrategia general para enfrentar la crisis pandémica: impedimento absoluto, supresión autoritaria, contención liberal, erradicación definitiva, etc., es un asunto crítico en Yucatán. También lo es la inoperancia de tácticas específicas para contender el contagio comunitario: aislamiento total, inmunidad de rebaño, monitoreo calificado, etc. Ambas deficiencias son consecuencias lógicas del rechazo estatal al tremendo desastre ocasionado por el nuevo coronavirus en la ciudad de Mérida y los pueblos yucatecos.
Los poderes públicos y los sectores privados han visto la situación creada por el COVID-19 como oportunidad de acceder a recursos adicionales del Gobierno federal y de la banca privada, calculando usarlos de modos ocurrentes e improvisados en asuntos sanitarios, pero también con fórmulas arbitrarias y subsidiarias en cuestiones ecónomicas. Poco han conseguido debido a sus afanes de forzar las decisiones legislativas, burlar los controles hacendarios, retorcer los derechos individuales y, peor aún, por no cumplir con las protecciones civiles y las obligaciones sanitarias.
El Gobierno yucateco ha solicitado reasignaciones de presupuestos y autorizaciones de préstamos al Congreso del Estado, a pesar de que no ha planteado algún plan integral para enfrentar con gran visión la pandemia del nuevo coronavirus. Sin postular algo relacionado con el bienestar social, ha insistido también en requerir más recursos públicos para repartir en pequeñas despensas a algunas familias, pagar elementales seguros a determinados desempleados, para otorgar poderosos créditos a selectos empresarios, etcétera.
El Ejecutivo estatal, quejándose siempre de lo insuficiente que resultan los montos a distribuir entre los empresarios, pagando entrevistas a modo a los medios electrónicos y realizando absurdas encuestas telefónicas sobre los empleos perdidos, no acierta en presentar algún esquema operativo sobre qué hacer para detener la caída económica y contener la reacción social mientras mantiene la rígida cuarentena. Nadie sabe hasta hoy qué está haciendo al respecto el desaparecido gabinete económico y menos para qué sirven hoy día las secretarías de Economía, Finanzas, Comercio, Industria, Turismo, Cultura, etcétera.
El Estado de Yucatán debe entender que sin una reapertura inmediata por miedo populista a la crisis sanitaria, hay riesgo de daños económicos definitivos y reacciones sociales imprevistas.
Los poderes y las instituciones no asumen que la economía yucateca enfrentará riesgos si se extiende el cierre de las empresas y los negocios por la cuarentena del nuevo coronavirus. No suceden reuniones distantes y menos encuentros cercanos, donde los responsables económicos expliquen a los representantes y los ciudadanos las gestiones federales y las acciones gubernamentales de apoyos subsidiarios durante la crisis pandémica.
A pesar de los indicadores negativos por daños definitivos en empleos, activos, inversiones, ganacias, retornos, etc., los poderes estatales no se atreven a reconocer que hay importantes partes de la economía yucateca que ya son insalvables, compartiendo rescatarlas mediante reasignaciones presupuestales o endeudamientos públicos. No se atreven siquiera a mencionar que los sectores turístico, aerotransporte, inmobiliario, cultural, etc., están prácticamente aniquilados.
El Estado de Yucatán tampoco asume que, sin poderosos paquetes de ayuda doméstica y listas completas de seguro laboral, no hay modo de aferrarse a la cuarentena causante de naufragios industriales y quiebras comerciales. Le corresponde proceder de inmediato a requerir el cambio de la actitud restrictiva, prohibitiva y persecutoria al Gobierno estatal, para que se abra el trabajo sectorial de forma programada y segura para los yucatecos que permanecen enclaustrados ante el contagio comunitario del COVID-19.
Mientras la cuarentena sanitaria siga imponéndose a la reactivación económica en nuestra entidad, no cabe duda de que las cifras de quiebra, insolvencia y endeudamiento continuarán creciendo, ocasionando debates fuertes entre los poderes, los sectores y los partidos. Se verán entonces los peores desacuerdos y las más duras críticas sobre las formas gubernamentales de gestionar la crisis pandémica y la recesión económica ante el Gobierno federal.
Si el Gobierno estatal insiste en mantener el cierre de las empresas y los negocios por miedo populista a los contagios comunitarios –más que por apego disciplinario a los semáforos sanitarios–, las oposiciones tendrán también la oportunidad de exigirle que la economía vuelva a funcionar al mejor ritmo posible. Esto sucederá de modo especial cuando los yucatecos empiecen a rebelarse por no recibir apoyos suficientes, no tener trabajo pagado y por estar muriéndose de hambre.
El gobierno estatal no debe continuar presionando a los demás poderes estatales para lograr más subsidios privados mediante endeudamientos públicos. Le corresponde proceder al relajamiento inmediato de las restricciones laborales y sociales impuestas para contender al nuevo coronavirus. No hay modo de que la crisis sanitaria sea hoy día razón suficiente para que los yucatecos mueran de hambre por quedarse en sus casas y la economía resienta daños definitivos porque la población no sabe mantener la sana distancia.
Conclusiones
Hasta la fecha no se observa actitud humanística ni compromiso social de los poderes públicos, las cámaras privadas y las organizaciones sociales para retornar con garantías sanitarias a las actividades laborales en los sectores industriales y comerciales que mantienen posiciones firmes en los mercados.
Tampoco se ha visto firme determinación legislativa, y menos judicial, para detener la insistencia del poder ejecutivo de utilizar la rígida cuarentena para hipotecar al Estado yucateco mediante subsidios privados a sectores arruinados durante la recesión pandémica.
No destaca alguna determinación humanística o compromiso social capaz de requerir al Gobierno federal la apertura de nuevas actividades que posibiliten la creación de empleos seguros y la protección garantizada de las familias yucatecas.
Las quejas mediáticas por transferencias de recursos federales y los reclamos públicos contra las decisiones legislativas no van a conseguir que los yucatecos recuerden a los tres poderes estatales que tienen la responsabilidad de garantizar los recursos suficientes para atender tanto la emergencia sanitaria como la reactivación económica.
Obviamente, ya se requiere del apoyo del Gobierno federal y de las fuerzas armadas, debido a que el Gobierno estatal y los cabildos municipales no están haciendo lo que les compete para cumplir con sus obligaciones constitucionales ante la grave crisis del COVID-19. Le corresponde acudir por el apoyo del Estado mexicano a Mauricio Vila Dosal, porque es el titular de nuestra entidad y no el agente especial de grupos políticos o fuerzas privadas que no representan a los yucatecos.