LYON, Francia, 9 de enero (AFP/EFE).- La fiscal francesa en el caso del cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, y de otros cinco exmiembros de la diócesis acusados de encubrimiento de agresiones sexuales contra menores, descartó este miércoles pedir penas de cárcel.
Esta decisión es la conclusión de las propias investigaciones de la fiscalía, que en el verano de 2016 decidió archivar el caso, tras decidir que el delito de “ausencia de denuncia” de los hechos no estaba probado.
Este caso salió a la luz en 2015 después de que varias presuntas víctimas, jóvenes scouts, denunciaran por abuso al padre Bernard Preynat por hechos cometidos entre 1986 y 1991.
Los acusadores presentaron también una denuncia contra Barbarin por no haber acudido a la justicia, pese a que estaba al tanto de los abusos.
“Yo le digo, cardenal Barbarin, que usted es un mentiroso cuando dice que se enteró en 2014 del daño causado”, acusó el miércoles en la audiencia el abogado de la parte civil, Jean Boudot.
Según este letrado, “está comprobado” que Barbarin sabía, como mínimo desde 2010, de las acusaciones que pesaban en contra el padre Preynat por actos cometidos antes de 1991.
El juicio ha podido celebrarse ante la demanda directa de las presuntas víctimas.
Barbarin asegura que solamente escuchó “rumores”, hasta que recibió a Alexandre Hezez, una de las presuntas víctimas, en noviembre de 2014.
El prelado aseguró el martes en el juicio que alentó “inmediatamente” a Hezez a reunirse con otros demandantes para poder presentar una demanda conjunta.
Las agresiones a Hezez habrían prescrito, mientras que las que presuntamente sufrieron otros jóvenes posteriormente, y que ya eran adultos al conocerse los hechos, podían ser admitidas por la justicia.
Los abogados de la acusación consideran esas explicaciones de Barbarin falsas. Se pronunciaron hoy sobre los diferentes casos y recordaron que uno de los denunciantes no se presentó en la audiencia hasta el último momento porque ni siquiera había contado a su novia lo que había vivido. Uno de los juristas defendió el concepto de “memoria traumática” definido por la psiquiatra Muriel Salmona, para justificar que no formalizaran la acusación ante la Justicia hasta 2015.
Los abogados del cardenal consideran por el contrario que no se le puede acusar de “encubrimiento” puesto que las víctimas tenían la posibilidad de denunciar por si mismas los hechos.
Esta ha sido en líneas generales la versión recogida por la fiscal adjunta francesa, Charlotte Trabut, que declinó interrogar a las partes.