Zheger Hay Harb
Cuando abrí el periódico esta mañana de domingo encontré en la primera página de El Tiempo, a cuatro columnas y a todo color, la foto de una manifestación popular en la que se exhibían carteles que rezaban ¡Fuera usurpador! A primera vista pensé que se trataba de las marchas de antorchas que el día anterior, en las más importantes ciudades del país, pedían la salida del fiscal general Néstor Humberto Martínez; pero no: la foto correspondía a una en Venezuela contra Maduro.
Así que el principal problema de Colombia para el diario de mayor circulación nacional es Venezuela. Sobre esa misma foto el encabezado de una nota decía que el índice de homicidios, luego de cinco años a la baja, había aumentado el 3.5 %. Pero para El Tiempo ese parece ser un dato menor frente a la amenaza que según ellos el país vecino representa para el nuestro.
Hay que tener una mirada muy cínica para presentar a Maduro como nuestro enemigo a vencer cuando en la propia casa tenemos problemas tan graves como el agudizamiento de la violencia –con su secuela de desplazamientos y muerte de líderes sociales– y la corrupción. Ella es sin duda un problema grave del país hermano; no tengo ninguna intención de minimizarlo ni negarlo, pero cuando la ciudadanía se moviliza pidiendo la destitución o la renuncia del fiscal general, precisamente el encargado de investigar la corrupción, por corrupto, nuestra primera preocupación debe ser arreglar el problema interno antes de fijarnos en la que aqueja al vecino.
Como decía arriba, las marchas de antorchas fueron multitudinarias, por más que la gran prensa trató de minimizarlas –posiblemente porque no pedían la salida de Maduro– pero no son solo quienes participaron en ellas los que piden la salida de Néstor Humberto Martínez de la fiscalía. Sin entrar a analizar su culpabilidad en casos concretos y hechos probatorios –como cuando se presenta una denuncia ante la entidad que él tan malamente dirige– porque no es el objeto de esta columna, hay hechos que siembran serias dudas sobre su idoneidad ética: Jorge Pizano, el auditor de una de las empresas implicadas y principal testigo sobre la corrupción de Odebrecht que compró conciencias en las más altas esferas, grabó una conversación con él en la cual queda claro que el entonces abogado de una de las firmas implicadas y ahora fiscal general, conocía de primera mano que allí se cometían delitos graves.
Luego de eso el testigo resultó muerto por infarto, según dictamen del Instituto de Medicina Legal. Dos días después su hijo, que había acudido desde el exterior, donde vivía, al sepelio, murió envenenado con arsénico al beber agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre.
El sindicato de Medicina Legal cuestionó el informe del director y este renunció luego de que se comprobó que había estado errado. Ahora ha muerto, también por envenenamiento con arsénico, el principal testigo en el proceso contra otro implicado en el caso Odebrecht sobre cuya culpabilidad existen serias dudas, como lo manifestó Pizano en la conversación que grabó con NHM. Pero eso no le ha merecido ninguna investigación, porque, claro, que se sepa, no está implicado Maduro, que es nuestro enemigo principal.
La situación del fiscal parece agravarse porque ahora no son sólo los manifestantes quienes piden su cabeza, sino que tres de las instituciones defensoras de Derechos Humanos independientes y más prestigiosas del país, que cuentan con reconocimiento académico nacional e internacional, han presentado una demanda de nulidad electoral ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado contra su elección con el argumento principal de que engañó a la Corte Suprema de Justicia, su electora, al omitir “información grave y relevante” sobre la corrupción de Odebrecht, de la cual tenía conocimiento, como anoté en los párrafos anteriores. Consideran que mientras se decide la anulación el fiscal debe ser apartado de su cargo.
No es la única muestra de anomalías en la administración de justicia en Colombia: el exministro uribista Andrés Felipe Arias, preso en Estados Unidos por corrupción y pedido en extradición por Colombia desde el gobierno anterior, acaba de recibir la negativa de excarcelación por una Corte de ese país por considerar que existe peligro de que se escape, tal como hizo cuando con ayuda de su jefe Uribe huyó hacia ese país para evadir la acción de la justicia que lo había condenado a 17 años de prisión.
Lo que se cuidan muy bien de ocultar es que Arias, además del delito por el que fue condenado, ahora debe ser investigado dentro del escándalo de Odebrecht, en el que ha resultado implicado. Además de que sigue sin aclararse la participación del presidente Duque en la visita a esa empresa en Brasil en la que acompañó al entonces candidato de su partido.
El expresidente Uribe viajó con la intención de participar en la audiencia de posible excarcelación, pero el juez le negó esa posibilidad aduciendo que solo podría aportar opiniones y seguramente porque conocía que fue precisamente él quien lo ayudó a evadir la justicia colombiana. Eso ha ocasionado un sainete digno de república bananera en que los medios entrevistan a la esposa, quien pide que el gobierno colombiano intervenga para que no sea extraditado porque su vida corre peligro (¿?) y porque sus condiciones de reclusión son tan duras que “debe lavarse su cabecita con jabón” porque no le dan champú, como si no existieran la separación de poderes y las normas que rigen las relaciones entre naciones. (¿Alguien se imagina que la compañera de Santrich sea entrevistada en horario AAA de televisión para pedir que no sea extraditado porque es discapacitado y no se han comprobado sus supuestos delitos?).
Ese saltarse las talanqueras legales no debe parecerles extraño. Deben considerar que si pueden tener injerencia en Venezuela pueden hacer lo mismo con Estados Unidos. Total, si les hacemos caso en todo, bien podríamos esperar que se solidarice con nuestros corruptos, tan cercanos a ellos.