QUITO, Ecuador, 12 de octubre (AP/AFP/PL).- El presidente de Ecuador ordenó un toque de queda en la capital ante una ola de protestas en rechazo a la elevación de los precios de los combustibles.
Ante la situación, el presidente Lenín Moreno en su cuenta de Twitter anunció el toque de queda y la militarización de la ciudad, afirmando que ello “facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”.
Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando a mansalva a vehículos particulares.
Algunos luego incendiaron y saquearon la Contraloría en Ecuador. Otros atacaron al diario El Comercio, otros al canal privado Teleamazonas, y otros bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.
El mandatario luego, en cadena de radio y televisión, culpó a “los narcotraficantes, los Latin King (banda delincuencial), a los correístas (seguidores del ex presidente Rafael Correa) los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos”.
“Ventajosamente los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas”, explicó, al tiempo de señalar que “vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador, iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias”.
Las escenas de bloqueos con llantas, palos y montículos de tierra, que al inicio del día eran esporádicas, se han generalizado y han aumentado en violencia en toda la ciudad impidiendo el paso a vehículos particulares con agresiones con palos y piedras.
En otras áreas de la ciudad grupos de manifestantes se movilizaban en camionetas o a pie, con banderas y en medio de gritos de protesta.
En medio de una manifestación, se desprendió un grupo de encapuchados que rompieron las puertas de la Contraloría del Estado, que custodia la documentación para procesar actos de corrupción. Los alzados destruyeron oficinas y documentos a su paso y provocaron incendios en varios pisos.
En medio de la situación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en un mensaje en Twitter, aseveró que “luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con (el presidente) Lenin (Moreno)”.
Según estudios de la Defensoría del Pueblo, el Estado de Excepción, ampliamente rechazado, ha resultado ineficaz y solo provocó una espiral de violencia que ya resultó en cinco muertes, más de mil detenciones y centenares de heridos por el uso excesivo de la fuerza, por parte de policías y militares.
Uno de los momentos más álgidos se registró en Quito, durante la huelga general efectuada el jueves último, cuando los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas contra universidades que funcionan como centros de acogida de indígenas -principalmente mujeres-, quienes llegaron desde otras provincias para sumarse al paro.
La víspera, de igual modo, las fuerzas del orden arremetieron contra cientos de personas, concentradas pacíficamente frente a la Asamblea Nacional, quienes fueron sorprendidos por una andanada de bombas lacrimógenas.
‘Es un delito de lesa humanidad’, aseguró el exvicecanciller ecuatoriano Kintto Lucas sobre la reacción policial, que describió como ‘brutal represión’.
Asimismo, afirmó que ‘Ecuador vive una guerra de ricos contra pobres a través de un gobierno títere y fuerzas represivas. Es la guerra de la oligarquía rancia contra el pueblo indígena y pobre’ y cuestionó: ‘¿Las fuerzas armadas aceptan que se siga asesinando ecuatorianos, hiriendo niños, con la brutal represión?’.
La situación interna mantiene en vilo a todo el país y también despertó la preocupación de instancias como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que hoy intenta mediar entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas, con la finalidad de devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
En ese esfuerzo, colaboran la iglesia católica y centros de estudios superiores, que incluso han propuesto hacer estudios sobre alternativas económicas, que no golpeen, precisamente, a quienes más ayuda necesitan.
La realidad nacional ha puesto a Ecuador en la mira del mundo e impone al gobierno el reto de probar que realmente actúa pensando en el bienestar de la mayoría trabajadora y no en el beneficio de unos pocos.