La situación en Bolivia
La autoproclamada presidenta interina envía al Legislativo un proyecto de decreto-ley para apurar los comicios
EL ALTO, Bolivia, 20 de noviembre (AP/AFP/EFE).- Jeanine Áñez, autodeclarada presidenta interina de Bolivia, envió al Congreso un proyecto de ley convocando a nuevas elecciones en un intento por pacificar el país tras la violenta jornada de la víspera en La Paz, que derivó en ocho nuevas muertes y elevó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras las fallidas elecciones del 20 de octubre y la represión desatada por el ejército y la policía militarizada contra los partidarios del depuesto presidente Evo Morales.
El Congreso no tiene un plazo definido para responder, pero se espera que sea pronto dada la urgencia del asunto.
La Constitución establece tres meses para llamar a comicios una vez que asume un interino.
El calendario de las futuras elecciones será definido por el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyos miembros serán elegidos en los siguientes 15 días por los legisladores, explicó a su vez el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra.
Evo Morales expresó este miércoles desde México su respaldo a que se celebren elecciones en su país en las que él no sea candidato, aunque advirtió que la mandataria interina infringirá la Constitución si las convoca por decreto, tal como hizo.
La renuncia de Morales ha sido calificada como “golpe de Estado” por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Por su parte, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, presentó este miércoles un anteproyecto en el Parlamento de Bolivia, donde tiene mayoría, para acelerar la convocatoria de elecciones, poco después de que la presidenta interina advirtiera de que puede convocarlas por decreto.
Elecciones “urgentes”
A pesar de sus diferencias sobre la crisis en Bolivia, una amplia mayoría de 26 países se unió este miércoles en la Organización de Estados Americanos (OEA) para exigir al Gobierno interino de Jeanine Áñez que convoque “urgentemente” elecciones y ponga freno a la violencia.
La OEA aprobó una resolución que, sin mencionar a Áñez, resuelve “llamar a las autoridades bolivianas a convocar urgentemente a elecciones” y les pide que establezca “prontamente” una fecha para la próxima cita con las urnas, algo que la mandataria interina se ha comprometido a establecer en las próximas horas.
La iniciativa, impulsada por Colombia y Brasil, recibió por sorpresa el respaldo de la propia Bolivia, cuya misión en la OEA ya obedece al nuevo Ejecutivo provisional.
En contra de la iniciativa se posicionaron tres naciones (México, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas); mientras que cuatro países (Uruguay, Barbados, Surinam y Trinidad y Tobago) se abstuvieron y una misión (Dominica) se ausentó de la reunión celebrada en la sede de la OEA.
Más muertos
Más temprano, el ejército y la policía rompieron el cerco que por varios días mantenían seguidores de Morales en una planta de combustibles que surte a La Paz y El Alto. El número de fallecidos subió a ocho a medida que ubicaron a más víctimas en hospitales, según confirmaron la Defensoría del Pueblo y el Instituto de Investigaciones Forenses.
Hasta ahora al menos 30 personas han muerto en casi un mes de protestas, dos de ellos policías.
La escasez de combustible está asfixiando a las dos ciudades de dos millones de habitantes y el control del depósito de combustibles de Senkata, en las afueras de El Alto, se ha vuelto el más reciente símbolo de la lucha entre el gobierno interino y los seguidores del expresidente.
Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), han pedido la derogación del decreto aprobado por Áñez porque consideran que permite a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos con “impunidad”.
La embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, expresó la “preocupación” por ese decreto y por el “uso excesivo de la fuerza” que han empleado militares y policías en Bolivia para reprimir las protestas, que se han incrementado desde que Morales tuvo que renunciar al cargo.
El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este miércoles una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” de las muertes de varias personas en choques con las fuerzas del orden en la ciudad boliviana de El Alto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza y que el gobierno de Áñez haya otorgado inmunidad a los militares que apoyan el control de la seguridad interna.