Zheger Hay Harb
“Dimar Torres, desmovilizado de las FARC y dedicado a construir la paz, fue asesinado por el ejército en un falso positivo que el ejército y el ministro de Defensa han pretendido ocultar.
En una carretera, el cabo Gómez Robledo lo obligó a detenerse para requisarlo; sólo le encontró dos rulas que utilizaba en sus labores del campo, sin embargo le disparó cuatro veces con su fusil Galil, a quemarropa y en total indefensión, como indicó la autopsia.
Como suele ocurrir, las explicaciones oficiales fueron absurdas: el ministro de Defensa, el mismo que se atrevió a decir que un líder social asesinado con señas visibles de tortura y con sus genitales cercenados puestos sobre su pecho había muerto en medio de un forcejeo y que los líderes sociales asesinados lo habían sido por líos de faldas, ahora dijo que la muerte de Dimar había ocurrido en medio de “una refriega” con el cabo que lo asesinó. Y ocho días después, en una entrevista radial se atrevió a afirmar que “si hubo un homicidio ha tenido que haber alguna motivación”.
A pesar de las denuncias de los campesinos vecinos de la víctima, el Comandante General del Ejército, general Nicacio Martínez, sobre quien también pesan acusaciones por falsos positivos, no sólo por los que supuestamente cometió años atrás sino por haber emitido una orden al ejército para que intensificaran “los resultados” en el sentido de bajas, como en las peores épocas de las ejecuciones extrajudiciales, también negó que al desmovilizado le hubieran montado un plan de seguimientos, lo cual, como veremos más adelante, resultó ser falso.
El plan para asesinarlo se había gestado veinte días antes, luego de que un soldado murió víctima de una mina antipersona en la zona donde vivía Dimar. Es esa una región muy azotada por el conflicto armado, donde con mucha frecuencia se producen voladuras del oleoducto no sólo por la guerrilla sino por particulares que tienen un lucrativo negocio con la venta del combustible.
El coronel Pérez Amézquita organizó y comandó una operación para buscar a los responsables, advirtiendo a sus soldados: “yo no necesito reportar nada. Necesito vengar la muerte del soldado, hay que matar”. A los pocos días el cabo que después lo asesinaría informó que el responsable era Dimar, a quien señaló como explosivista del ELN, sin presentar ninguna prueba que por demás el coronel no estaba interesado en recabar.
“Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”, concluiría luego la Fiscalía. Montaron el operativo y cuando la víctima pasaba en su moto, lo detuvieron y asesinaron. Intentaron desaparecer el cuerpo y el vehículo, pero los campesinos lo impidieron y denunciaron el hecho.
El cabo le reportó el asesinato al coronel, quien le indicó que no siguieran hablando por radio, que saliera al aire para tergiversar la verdad y que reportara sin novedad la región. Entonces crearon un WhatsApp donde quedó registrada la pregunta del coronel: “¿Qué decía el hp?”, así como la orden al cabo de que identificara a los miembros de la comunidad que estaban reclamando: “Chequéelos, porque esos son los que siguen”.
La Fiscalía, con esos datos, imputó cargos al coronel, el cabo y los soldados que participaron en el hecho por el delito de homicidio en persona protegida.
A pesar de que la Justicia Penal Militar debe conocer solamente hechos relacionados con el servicio, la abogada del coronel solicitó que el caso pasara a esa jurisdicción. Así que ahora, aunque la fiscalía argumentó que “matar ciudadanos civiles no es una conducta que sea propia de los servidores del Estado”, hay que esperar a que se surta la segunda instancia. El coronel, aprovechando la orden de libertad en el proceso desapareció y no se sabe si está siendo buscado o si en el ministerio de Defensa y el ejército no hay mayor interés en encontrarlo.
El ministro Guillermo Botero continúa muy campante en su cargo y sus declaraciones en este caso y todos los de los líderes sociales asesinados no han activado como corresponde la competencia de la Procuraduría que ya por lo menos debería estar investigándolo. En la Cámara de Representantes se presentó una moción de censura en su contra pero no prosperó porque los aliados del gobierno impusieron sus mayorías.
Desde cuando las FARC firmaron la paz a finales de 2016, 167 excombatientes han sido asesinados. En este caso hay un acervo probatorio que permite una condena en el corto plazo de acuerdo con el sistema penal acusatorio oral. Las elecciones de autoridades locales el pasado domingo han demostrado que ya la ciudadanía se hartó de quienes pretenden prolongar la guerra en este país. Ante eso el gobierno del presidente Duque, que tan apaleado resultó en las urnas, ¿no verá la necesidad de mostrar pronto que realmente está comprometido con la paz, deja de armar alianzas para solapar a los culpables de los nuevos falsos positivos y protege a los desmovilizados?
Y mientras tanto, el Alto Comisionado para la Paz, que más parece serlo de guerra, y la vicecanciller, hacen cabildeo en Ginebra para lograr que Naciones Unidas cierre la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en Colombia.