LA PAZ, Bolivia, 6 de diciembre (EFE).- “El silencio” oficial sobre los responsables de las más de 30 víctimas mortales que deja la violencia vivida en Bolivia, muchas por disparos, preocupa a la sociedad y a organizaciones de derechos humanos ante la falta de informes sobre el avance de las investigaciones.
Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político, pero ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las víctimas de la violencia desde las fallidas elecciones del 20 de octubre.
Una sola fuente
La Defensoría del Pueblo ha sido la única institución que ha difundido públicamente un listado de víctimas, con al menos 35 muertos y 832 heridos.
La Fiscalía General del Estado hasta ahora solo ha difundido un informe preliminar sobre calibres de los proyectiles, que en su mayoría no son armamento reglamentario de policías ni de militares, o no está probado que los disparan ellos.
El pasado 22 de noviembre el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) informó de que se encontraron proyectiles de varios calibres en cuerpos de fallecidos y heridos en los operativos militares y policiales.
El calibre hallado es de 5, 56, 9, 22 y 38 milímetros, mientras que el reglamentario del Ejército es de 7,62 milímetros.
El Gobierno interino mantiene que no hubo muertes de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos, que en su opinión intentan dar una imagen de abusos por parte del Ejecutivo interino de Jeanine Áñez.
Efe trató en varias ocasiones consultar a las distintas fuentes del Gobierno y de la Fiscalía sobre el avance de los peritajes y de las investigaciones, sin lograr alguna información.