Radicalismos

Zheger Hay Harb

La nota colombiana

Las conversaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla y el acuerdo de paz producto de ellas han generado una radicalización del país que no ha podido ser tramitada de manera tolerante y respetuosa y amenaza con descuadernar nuestra imperfecta democracia.

Hace dos noches se reunieron las comisiones de paz del Senado y la Cámara y, contradiciendo lo que su nombre indicaría, tuvieron que levantar la sesión ante los insultos a gritos que se cruzaron entre los parlamentarios. Desde cuando se planteó su posibilidad, la paz negociada ha hecho que estas células legislativas sean muy apetecidas por las distintas corrientes políticas.

De los 41 miembros que tiene la del Senado, 12 son del Centro Democrático, que cada día escora más hacia la extrema derecha y donde es amo y señor el expresidente Uribe y 5 son de la FARC. En la Cámara, de sus 12 miembros, 2 son de Uribe y 2 del nuevo partido de la exguerrilla. Los demás integrantes pertenecen a distintos partidos de centro –con sus varios matices– e izquierda.

El día de la zambra se debatían las objeciones del presidente Duque a la ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP). Los del Centro Democrático habían llevado a dos mujeres de la organización social Rosa Blanca que congrega a víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Una de sus voceras habló de su victimización a manos de las FARC; acusó directamente al excomandante Antonio Lozada de varios casos de abuso y Pablo Catatumbo respondió calmadamente diciendo que ellos no eludirían su responsabilidad ante la JEP y que están dispuestos a responder.

Luego comenzó su intervención la senadora Paloma Valencia, derechista entre los derechistas, y el presidente de la Comisión le pidió pasados unos minutos que concluyera porque estaba en los límites fijados a lo cual respondió que le diera el mismo tiempo que le había dado al “narcoterrorista”. Ahí se armó la gresca: de un lado les gritaban “paracos” (por paramilitares) y los otros respondían: asesinos, narcotraficantes, terroristas. Por supuesto hubo que levantar la sesión.

Habría que preguntarles a los del Centro Democrático si a los guerrilleros desmovilizados que hoy están en sus filas, como Everth Bustamante y Rosemberg Pabón, exdirectivos del M19 y este último Comandante Uno de la toma de la embajada de República Dominicana en 1980, o al nuevo director del Centro de Memoria Histórica que perteneció al EPL o al primo del Pablo Escobar que hoy es el más cercano consejero del Uribe y fue miembro de esa misma organización, también los llaman narcoterroristas o ya se han purificado con el agua bendita de la adhesión a sus filas.

Durante muchos años el ejército y los gobiernos pidieron a la guerrilla que se desarmara, que defendiera sus ideas dentro de la democracia; los helicópteros tiraban en los campos millones de papeles con llamados a los guerrilleros a que dejaran las armas, que el país los recibiría para conducirlos a una vida en paz. Y resulta que cuando lo hacen reciben solo estigmatizaciones. ¿Qué pensarán los guerrilleros del ELN a quienes están pidiendo que se desmovilicen? ¿Será ese un estímulo para que se decidan a hacerlo?

A la representante de Rosa Blanca habría que preguntarle si el interés de su agremiación es destapar solo la violencia sexual en las FARC –sobre la cual existen múltiples denuncias, algunas de las cuales hemos recibido directamente quienes nos hemos interesado en el tema y que la JEP se encuentra investigando escuchando a víctimas y acusados– o si su interés es más amplio y pretende esclarecer la violencia de género en el conflicto armado por parte de todos sus actores, o si está dispuesta a que el Centro Democrático las utilice para torpedear a la JEP.

Pero lo que ocurrió en las comisiones de paz es apenas uno de los frentes de pugnacidad; se ha creado un ambiente tal de crispación que hasta personas defensoras de la paz a veces caen en lo mismo que buscan combatir. El senador Gustavo Petro, que ha dado tantos y tan importantes debates en la plaza pública y, en el Senado, ha sido víctima de este ambiente en el momento más inoportuno: dos días después de que el presidente presentó sus objeciones a la ley estatutaria de la JEP las fuerzas alternativas estrenaron el derecho a réplica contemplado en el acuerdo de paz a propuesta de las FARC. Fue un momento histórico, la vocera fue una representante del partido de los Verdes del cual hacen parte Antonio Navarro, excomandante del M19, y Sergio Fajardo, de centro, tercero en la elección presidencial después de Gustavo Petro. Estaban varios congresistas de la Lista de la Decencia que él preside y representantes de todas las fuerzas alternativas.

La respuesta de todos los defensores de la JEP fue de apoyo unánime a la réplica. O por lo menos eso pensábamos hasta cuando se recibió un trino de Petro quejándose porque no lo habían invitado y fustigando a Fajardo pidiendo que dijera qué posición iba a adoptar frente al Plan Nacional de Desarrollo.

Luego se aclaró que como la réplica fue casi inmediata a la alocución presidencial y él estaba en Tumaco, una ciudad deprimida en el Pacífico, por un problema de whatsapp no habían podido avisarle. Su candidata a la vicepresidencia, hoy senadora, aclaró que había sido convocada, pero ella se encontraba en otra ciudad y precisamente por la urgencia del tiempo no había podido llegar. Después Petro trinó que había sido un problema de comunicación pero el daño ya estaba hecho. Ya se había encargado de echar el pelo en la sopa. ¿No habría podido averiguar primero internamente antes de que su arrogancia pusiera una mancha en este importantísimo evento en el cual él estaba representado por sus congresistas? La izquierda colombiana tiene una larga historia de desencuentros en los que a veces parece que el encono contra los de su misma orilla es mayor que el que les despierta la derecha, incluso la más voraz y peligrosa; y este era un evento en el que finalmente parecía que la defensa de la paz conjuraba el historial de enfrentamientos fratricidas.

Por el lado de la caverna, la rabia contra todo lo que tenga que ver con la paz está alcanzando niveles de violencia realmente alarmantes: el procurador general dijo que las objeciones presidenciales a la ley de la JEP atacaban la separación de poderes y no tenían ningún sentido porque insistían en asuntos que ya eran cosa juzgada constitucional. De inmediato una senadora del Centro Democrático le respondió: “No le hace bien al procurador volverse el opositor del gobierno”. Aparte de decirle a la congresista que el jefe del ministerio público no puede ser ni opositor ni seguidor del gobierno porque preside un órgano de control independiente que no se sitúa en ninguna de las ramas del poder público, habría que pedirle que precise en qué consiste su amenaza. ¿Es un peligro contradecir al expresidente Uribe? Porque para nadie es un secreto que Uribe es el gobierno y es el Centro Democrático, nuestra trinidad bendita. Casi como Luis XIV con su “l’Etat c’est moi”. ¿Qué puede pasarle al procurador si no está de acuerdo con lo que diga o haga el “presidente eterno”?

Se está produciendo un agrupamiento de personas, organizaciones y partidos en defensa de la paz. Incluso gobiernos, movimientos y partidos de otros países han decidido asumir su defensa ante la amenaza de desconocer un acuerdo de paz, en acatamiento del cual la guerrilla más antigua de Colombia aceptó desmovilizarse. Es el momento de demostrar grandeza y altura de miras y poner ese objetivo como prioritario por encima de ideologías e intereses políticos personales o partidistas.