Zheger Hay Harb
La campaña para lograr la extradición del ex comandante de las FARC Jesús Santrich no se detiene ante nada legal o ilegal.
La última jugada es un video profusamente difundido por televisión en el que aparece un personaje recibiendo un fajo de billetes por debajo de la mesa y guardándoselo en el bolsillo del saco. No alcanza a verse quién entrega pero sí quien recibe: es el fiscal de la Unidad de Investigación y Análisis (UIA) de la JEP Carlos Julio Bermeo, quien se encuentra sentado al lado del parapolítico Luis Alberto Gil.
De inmediato aparecen funcionarios del CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía) y detienen a estas personas por el delito de concierto para delinquir. El fiscal general salió enseguida en los medios diciendo que el dinero recibido eran 40,000 dólares de un total de 500,000 que el magistrado debía recibir para torcer el proceso de extradición de Jesús Santrich. Dice el fiscal que ese día debían entregarle la totalidad del dinero pero Bermeo a última hora dijo que le dieran sólo esos 40,000 y que el resto se lo entregaran en otro hotel cercano a donde estaban. Si es cierto que la fiscalía tenía esa información –porque los estaban grabando- ¿por qué entonces no esperaron a la entrega total del dinero y de paso capturaban al otro supuesto participante que debía recibirlo?
Lo que no dijo el fiscal es que Bermeo no tiene ninguna injerencia en el trámite de extradición. La UIA tiene independencia administrativa dentro de la JEP y escoge sus propios funcionarios. Si Bermeo no tenía ninguna posibilidad de “incidir” en el caso como dice la fiscalía ¿qué sentido tenía sobornarlo?
Hay otras cosas que llaman la atención en el caso: este video sale a la luz el mismo día que Estados Unidos niega a la JEP las pruebas que le solicitó contra Santrich. El fiscal general viene adelantando una verdadera cruzada contra este tribunal; cuando se debatía su articulado en el Congreso fue incisivo en sus críticas que se convirtieron en verdaderos ataques; logró con esto que los terceros, es decir, los civiles que financiaron la guerra y se lucraron de ella, fueran excluidos a no ser que decidan presentarse voluntariamente; una vez aprobada la ley estatutaria de esta jurisdicción y luego de que la Corte Constitucional dio su fallo de exequibilidad, ahora pretende que el presidente la objete por inconveniencia para el país.
Y para reforzar sus embates ahora aparece este video con el que quiere hacer creer que si la JEP mantiene la garantía de no extradición para Santrich es porque se dejó comprar. Qué conveniente. Falta que diga que el dinero es del oro de Moscú.
Valdría la pena analizar quiénes son los personajes de esta farsa. En primer lugar, el fiscal de la UIA: es miembro del partido Opción Ciudadana controlado por el parapolítico Luis Alberto Gil conocido como el tuerto Gil, con quien aparece en el video cuando recibía el dinero; con ese partido ha participado en política electoral sin resultar elegido.
El tuerto Gil merece capítulo aparte: este personajillo ha recorrido todos los matices del espectro político desde la izquierda hasta la extrema derecha donde ahora se sitúa muy al lado del ex presidente y ahora senador Alvaro Uribe Vélez, quien, valga señalar, ha sido llamado por la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Medellín.
Gil se inició en el M19 y, después de trasegar por varios partidos, terminó como paramilitar, condenado cuando era senador en lo que se llamó el proceso de la parapolítica en la Corte Suprema, que puso tras las rejas a 15 congresistas, por lo cual el entonces presidente Alvaro Uribe ordenó al DAS (Seguridad del Estado) espiar ilegalmente a los magistrados. Antes de la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales el partido Opción Ciudadana, bajo la conducción de Gil y con firma de su esposa, dio su apoyo mediante una carta pública a Iván Duque diciendo que “no sería neutro ante el gran reto que debe afrontar la Nación”. Así que es uribista pura sangre. Resulta muy extraño que quiera frenar la extradición de Santrich y que para lograrlo se alíe con otro miembro de su partido, el fiscal Bermeo, también uribista.
La parapolítica le dejó malas mañas a Gil: en 1996 fue fundador de la empresa Solsalud que fue intervenida y liquidada por malos manejos de dinero en varios departamentos pero extrañamente salió sin mancha de ese proceso. En 1997, luego de ser elegido diputado por el Partido Liberal, creó el movimiento Compromiso Ciudadano del cual surgió el partido Convergencia Ciudadana, que no era otra cosa que un parapeto de los paramilitares y Gil fue condenado a 90 meses de prisión.
Para hacerle el quite a los escándalos cambió el nombre de su partido por el de Partido de Integración Nacional (PIN), que también resultó salpicado por paramilitarismo y luego mutó en Opción Ciudadana con el cual dio su apoyo a Duque. ¿Y de pronto se volvieron comunistas para apoyar a Santrich?
Ahora salen sus patrones uribistas a pedir que se acabe la JEP. Como dijo un ex ministro liberal asesor de los más ricos empresarios: ¿acaso cuando se descubrió la podredumbre del fiscal anticorrupción, hoy extraditado a Estados Unidos se pidió la renuncia del fiscal general o acabar con la fiscalía? ¿Y cuando se descubrió el llamado cartel de la toga, se pidió acabar con la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional?
¿Alguien puede creer que unos ultrauribistas, enlazados con paramilitares estuvieran “trabajando” para impedir la extradición de Santrich?