Zheger Hay Harb
El manejo que el gobierno de Iván Duque ha dado a la minga indígena configura un manual perfecto para hacer fracasar una negociación.
Primero, porque dejó crecer la protesta iniciada en febrero hasta convertirse en la congregación de 20,000 indígenas a los cuales se sumaron campesinos y comunidades negras que ante la falta de respuesta estatal se tomaron la carretera panamericana cortando las comunicaciones entre el sur, el occidente y el resto del país. Después, porque la campaña de desprestigio contra la minga indígena, satanizándola por los hechos violentos que cometieron unos pocos sin origen conocido fue radicalizando las posiciones de los peticionarios y siguiendo porque el incendiario fiscal general, como suele hacer, fue minando el terreno, sembrando suspicacias y noticias terroristas para impedir cualquier arreglo.
En las peticiones no hay nada nuevo: reiteran las que llevaron a los paros del 2005, 2009, 2014 y 2017, para hablar apenas de tiempos recientes; motivos tienen de sobra ante un Estado que los ha dejado solos lidiando con su miseria y a merced de los distintos grupos armados a los que se han enfrentado apenas con sus bastones de mando. Así se adentraron en la selva para rescatar secuestrados y muchachos indígenas reclutados forzosamente por las guerrillas y sufrieron masacres de los paramilitares que siempre los vieron, al igual que el Estado, como aliados de ella. Los miles de desplazados indígenas en los cinturones de miseria de las ciudades son una evidencia de la desidia estatal y el área de los resguardos se contrae al tiempo que desde el establecimiento se escandalizan porque los indios pidan más tierras sin considerar que las que han podido recuperar son terrenos selváticos o desiertos improductivos y cada día retroceden ante el embate del narcotráfico, los colonos y la minería legal e ilegal.
La minga está integrada por indígenas del Cauca, de donde es originaria la senadora del Centro Democrático y una de las más exaltadas seguidoras del ex presidente Uribe, la cual propuso en el senado que ese departamento se dividiera entre los blancos y mestizos por un lado y los indígenas por otro y que las comunidades afro decidieran a donde querían irse. Esa el la dirigencia que los indígenas están acostumbrados a soportar.
Luego de 26 días de protesta y de cierre de la carretera, el presidente se había comprometido a reunirse con todos los integrantes de la minga en la plaza de Caldono, al sur del país, pero el fiscal general, como siempre, se encargó de brindar la justificación para impedir el encuentro: anunció por los medios de comunicación que el presidente corría peligro de muerte si se reunía con los indígenas en terreno abierto porque tenía conocimiento de que sería víctima de un atentado. ¿Un atentado en una plaza llena de indígenas que acudían con sus familias incluyendo niños pequeños, muchos de ellos de brazos? 6,000 guardias indígenas, con sus bastones de mando, habían revisado a todos los que entraban en la plaza y la habían cerrado con un cinturón de seguridad. Estaban presentes los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los países garantes y la ONU. Nunca, en la historia de este país, un negociador, de la jerarquía que sea, incluyendo presidentes, ha sido atacado en una asamblea indígena. Pero el fiscal, muy clarividente en este caso y totalmente ciego para ver la corrupción de Odebrecht en la cual parece estar implicado, dijo tener evidencias.
Con esa base, Duque, que no se atrevería a desobedecer una orden (porque eso era la advertencia del fiscal) de tan poderoso personaje, fue a Caldono pero dijo que sólo aceptaría reunirse en un recinto cerrado y no con toda la minga sino con algunos de sus representantes. Los indígenas no aceptaron y el presidente y su comitiva, que incluía dos ministros, partieron raudos en sus helicópteros dejando a la comunidad con más razones para el escepticismo frente a las autoridades.
No hace falta mucho análisis para suponer que esto contribuirá a dar razones para el paro general convocado para el próximo 25 de abril.
Surge la inquietud de por qué el fiscal, si tenía información tan fidedigna sobre un peligro inminente no la puso en conocimiento de los organismos de inteligencia, de qué medios dispone para tener mejores fuentes que éstos, por qué no puso al tanto al presidente de manera discreta sino que decidió echar leña al fuego que con tanta frecuencia atiza anunciando sus supuestos hallazgos por los micrófonos. ¿Por qué no avisaron de antemano a los líderes de la minga que la reunión se haría en recinto cerrado cambiando las condiciones pactadas sino que una vez llegados a Caldono plantearon esa condición como inamovible?
La revista Semana ha revelado ahora un supuesto informe de inteligencia con el que pretenden probar el riesgo que rehuyó el presidente, pero leyéndolo, lo único que se encuentra son afirmaciones de otras organizaciones sobre ampliar la protesta, unirse a otros grupos que plantean reivindicaciones, que se fortalecerán hacia al paro del 25 y otras declaraciones semejantes. Ninguna amenaza hacia nadie. Se le olvidó al fiscal, tan buen abogado, que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la protesta.
Esta vez los indígenas dicen no aceptar más promesas: exigen la concreción de procedimientos para aplicar lo que durante tantos años les han prometido; no plantean sólo reivindicaciones puntuales; defienden el proceso de paz y se oponen a las objeciones presidenciales a la Justicia Especial de Paz –JEP- porque después de la firma de los acuerdos entre el Estado y la guerrilla de las Farc las muertes violentas continúan en sus territorios.
Pero ya sabemos que Uribe no le dará permiso a Duque para negociar.