LOS ANGELES, EE. UU., 14 de abril (AFP).- Un coro de gritos se entrelaza en una calle de Los Ángeles: “¡aguacates, aguacates de Michoacán!”, lanza un hombre con el pie encima de una caja llena de ellos. “¡Aguas frescas!”, “¡Tacos!” replican otros.
Protegida del intenso sol californiano por toldos y sombrillas de colores, la gente avanza lentamente por una acera atiborrada de estos comercios que cada día se levantan y desarman. La escena se repite en varias áreas de esta extensa ciudad, que comienza a poner en práctica una ley estatal que despenaliza la
venta ambulante.
La medida, que entró en vigor el 1 de enero, prohíbe el arresto e imposición de multas a los comerciantes ambulantes, muchos indocumentados, y deja en manos de los gobiernos municipales la posibilidad de emitir permisos y el diseño de normativas de sanidad y seguridad.
Muchos vendedores reciben esta ley con optimismo: les tranquiliza salir de la ilegalidad, de ya no tener que enfrentar el acoso de la policía que los multa y les decomisa su mercancía.
Pero, al mismo tiempo, otros tienen temor a las consecuencias de la legalización: aumento en costos de producción, mayores impuestos y reducción de las zonas de venta, lo que implicaría un descenso en las ganancias o la imposibilidad de cumplir con esos requisitos.