Alfredo García
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Con su reelección en mente, el presidente Donald Trump decidió activar el Título III de la Ley Helms-Burton, para garantizar el voto del “exilio” cubano-americano del Estado de Florida, recrudecer la inhumana política del bloqueo económico, financiero y comercial, iniciada en 1960 del pasado siglo para derrocar al gobierno revolucionario cubano e iniciar la aplicación de la colonizadora Ley aprobada por el Congreso de Estados Unidosw en 1996, solo posible con la ocupación norteamericana del territorio cubano.
En memorando secreto de la época, Lester Mallory, subsecretario de Estado, se enumeraban los conceptos y objetivos del criminal plan: “La mayoría de los cubanos apoyan a Castro (…) No existe una oposición política efectiva (…) El único medio posible para hacerle perder el apoyo interno (al gobierno) es provocar el desengaño y el desaliento mediante la insatisfacción económica y la penuria (…) Hay que poner en práctica rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica (…) negándole a Cuba dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales con el objetivo de provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Con el anuncio de autorizar el próximo mayo la entrada en vigor del Título III de la Ley, el presidente Trump da luz verde para que las empresas extranjeras que operen en instalaciones o bienes nacionalizados por el gobierno revolucionario desde hace seis décadas, sean denunciadas en tribunales de EE.UU., medida que desde su aprobación fue suspendida por los presidentes norteamericanos debido al exabrupto jurídico que representaba su carácter extraterritorial. La aberración norteamericana provocó que la Unión Europea, UE, denunciara en su momento a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). La demanda de la Unión Europea (UE) fue suspendida, tras el compromiso del presidente Bill Clinton de suspender cada seis meses la activación de la ley.
Según el periódico The Wall Street Journal, el pasado 10 de abril, la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmstrom, enviaron una carta al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, advirtiendo que de aplicarse la suspendida medida, podrían “reactivar su demanda ante la OMC”.
El nuevo zarpazo del inquilino de la Casa Blanca contra la Revolución Cubana, se produce en una fecha de simbólica trascendencia. Hace 58 años, en la madrugada del 17 de abril, el gobierno de John F. Kennedy, ordenó la “Operación Pluto”, con el fin de derrocar militarmente al gobierno revolucionario cubano, calculando a su favor el estado de “hambre y desesperación” del pueblo cubano.
Una brigada de 1,500 cubanos exilados y mercenarios (entre ellos 194 exmilitares y torturadores, 100 terratenientes, 24 grandes empresarios, 67 casatenientes, 112 opulentos comerciantes, 35 magnates industriales, 179 acaudalados y 112 elementos lumpen) a bordo de 5 buques de guerra de EE.UU., entrenados, armados y con apoyo aéreo norteamericano, invadieron el territorio cubano por la costa sur de Bahía de Cochinos, con el propósito de establecer una cabeza de playa y constituir un gobierno provisional que esperaba en Miami su traslado a la “zona liberada”, para solicitar y obtener de inmediato el reconocimiento de la OEA y la intervención de las Fuerzas Armadas norteamericanas.
El Ejército Rebelde y las milicias revolucionarias enfrentaron heroicamente a los invasores y en menos de 72 horas la Brigada mercenaria fue derrotada. A pesar del engaño internacional de EU que presentó la batalla de Girón en la ONU como un levantamiento interno cubano y la flagrante violación de la ley internacional, ni el presidente Kennedy ni mandatarios posteriores, se disculparon por el genocidio cometido.